UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CATALUÑA: AL BANQUILLO.
El juez considera que UDC pudo lucrarse a través de una fundación
La Fiscalía cifra en al menos 176.000 euros el desfalco en la Fundació Catalunya i Territori
Tras zanjar el caso Pallerols con una polémica sentencia de conformidad que concluía que Unió (UDC) recibió «aportaciones directas» de fondos de formación europeos desviados, el partido de Josep Duran Lleida afronta un nuevo caso judicial que cuestiona su financiación. El juez que investiga un presunto desvío de fondos cometido a través de la Fundació Catalunya i Territori, afín a UDC, considera a la formación socialcristiana como posible responsable civil a título lucrativo del desfalco tras atender la petición en este sentido de la Fiscalía. El fiscal cifró en al menos 176.000 euros el beneficio que se llevó el partido, aunque el juez por ahora no lo concreta.
En un auto notificado ayer en el que rechaza archivar la causa para varios querellados, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona requiere a UDC que se persone en la causa como posible responsable civil a título lucrativo del desvío. Se trata de la misma figura jurídica que se aplicó a UDC en el caso Pallerols y a su socio CDC en el caso Palau, y por la que el juez solicitó al partido de Mas una fianza de 3,2 millones de euros que le obligó a embargar su sede. Se exige así a ambas formaciones que devuelvan el dinero, aunque no delinquieran.
En concreto, en esta causa sobre la Fundación Catalunya i Territori, la Fiscalía pidió al juez que UDC responda por dos trabajos valorados en conjunto por 176.000 euros que en su día -entre 2006 y 2008- realizó la empresa Kontrast Produccions para el partido, pero que fueron pagados por la citada fundación (60.000) y por el Grupo IMS (116.000), lo que supone un delito de apropiación indebida.
Además, el fiscal considera que la Fundación, liquidada en 2011 y cuyo fin oficial era «el impulso del sentimiento de la nación catalana y fomento de su lengua y cultura», cedió locales a UDC que luego le vendió a un precio muy inferior al de mercado, un delito de administración desleal.
En este caso, por el que la Fiscalía se querelló en 2010, hay una quincena de imputados. Entre ellos, tres administradores del grupo de empresas IMS -que presentó solicitud de concurso de acreedores en 2008-, que a su vez eran vocales de la Fundación. Uno de los presidentes de la institución e imputado en la causa es Josep Boqué, que fue director general de Consum de la Generalitat, cuando el departamento estaba en manos de UDC. Otro imputado es un exgerente de UDC que en su día indicó a Kontrast que facturara a IMS los trabajos hechos para UDC. Con todo, Unió alega que no tiene vinculación orgánica con la fundación ni ningún cargo implicado en el caso.
Sánchez Llibre, exculpado
En su día, el responsable de Kontrast declaró al fiscal que Josep Sánchez Llibre, diputado de UDC en el Congreso, le confirmó la bondad del procedimiento de cobro vía la Fundacióno IMS. En 2010, la Fiscalía del Tribunal Supremo exculpó a Sánchez Llibre.
Al margen de los 176.000 euros reclamados por el fiscal a UDC, la parte sustancial de esta trama es el desvío de hasta 1,8 millones de euros de la Catalunya i Territori al Grupo IMS. El fiscal sostiene que la salida de fondos de la fundación -que recibía donaciones de constructoras y bancos- al Grupo IMS se «disfrazó» con facturas emitidas desde IMS y préstamos de la Fundación por servicios inexistentes. Pero al llegar a IMS, se transformaban en metálico o cheques en efectivo, «lo que ha impedido en buena medida averiguar su destino final», se lamentaba el fiscal en su escrito.
