21 MILLONES PARA FOMENTO DE EMPLEO QUE NO LLEGARON.
Industria y la Junta de Andalucía concedían las subvenciones públicas para fomentar el empleo en la deprimida zona de la Bahía de Cádiz, pero el dinero (21 millones de euros) ha acabado en inversiones en Bolsa y en paraísos fiscales como Luxemburgo y Suiza, pasando por un chalé de la urbanización La Finca de Pozuelo (Madrid), una de las más exclusivas de la comunidad elegida por decenas de futbolistas, actores y millonarios. La Policía ha desmantelado esta trama al detener a ocho personas en Madrid (en total hay 31 arrestados en varias fases), incluido el cerebro de la ingeniería financiera: Joaquín de Arespacochaga Llopiz, hijo del que fuera alcalde de Madrid Juan de Arespacochaga entre 1976 y 1978, ya fallecido.
El considerado líder de la estructura de blanqueo fue arrestado en la exclusiva urbanización «La Finca» de Madrid, en su casa, aunque tiene fijada su residencia en Luxemburgo. En el registro de la vivienda se encontraron unos 17.000 euros en efectivo. Junto a él se detuvo a un asesor jurídico, Francisco Javier Ibáñez y a varios testaferros. Un conglomerado de cincuenta empresas, administrada o representadas por los mismos individuos, pedían las ayudas públicas; responsables y funcionarios de la Diputación de Cádiz y el Ministerio de Industria facilitaban supuestamente la concesión y expertos como los ahora detenidos desviaban el dinero a paraísos fiscales. Además de los 21 millones evaporados, se concedió otra partida de 26 millones aunque finalmente el dinero no se llegó a transferir, según fuentes policiales.
La trama tenía tres patas. Un grupo de empresarios, encabezados por el gallego Alejandro Dávila Ouviña, se encargaban de presentar las solicitudes (hay certificaciones bancarias emitidas por una sucursal de la Puebla de Caramiñal); empleados públicos facilitaban la concesión de los fondos de forma irregular (fueron detenidos nueve en octubre del año pasado adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria; además se imputó a dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de esa Diputación) y finalmente aparece un segundo grupo de empresarios «los madrileños», que se ocupan de crear las estructuras financieras para mover el dinero. Mientras, el polígono industrial que se iba a crear en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, llamado La Palmosilla, no existe.
Desde 2008 fueron creadas 50 sociedades, concentrándose sobre todo en los dos años siguientes. Los agentes detectaron dos grupos de empresarios: el de los gallegos y el de los madrileños, salpicados ambos de numerosos testaferros. En noviembre de 2011 se acabó con los primeros y se detuvo a 14 personas en Santiago de Compostela, en La Puebla de Caramiñal, El Puerto de Santa María y el País Vasco.
La tercera fase es la que se ha llevado a cabo ahora. Los investigadores consideran que los empresarios detenidos tenían la misión de ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de subvenciones. Un gestor de activos en Suiza les ayudaba a colocar el dinero en paraísos fiscales. Todos los arrestados disfrutaban de un alto nivel de vida, sobre todo el cabecilla quien, pese a tener fijada su residencia en Luxemburgo, pasaba su vida en La Finca.
