OXÍGENO PARA LOS PROOVEDORES
El Gobierno logra salvar de
 la quiebra a miles de emprendedores
El Semanal Digital
En mitad del desierto de la crisis, un maná millonario evitará que 100.000 empleos caigan al abismo. Así sí se reactiva la economía. 


A principios de esta semana el presidente de la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, recordaba que por
 culpa de la morosidad de las administraciones públicas 300.000 autónomos
 se han visto obligados a cerrar sus negocios. Ellos y las pymes son los 
otros grandes damnificados de esta feroz crisis.

Mariano Rajoy siempre los tuvo en sus pensamientosdurante la campaña

 electoral, hasta el punto de convertirlos en uno de los pilares de su programa.
 Solía decir el ahora presidente del Gobierno en sus mítines que pymes y
 autónomos son la "principal esperanza" de España, y prometía una y
 otra vez que si llegaba a La Moncloa les ayudaría.

Y por fin este jueves llegó un maná de 27.000 millones de euros con

 la puesta en marcha del plan de proveedores creado por el Gobierno. 
Una gran noticia, un oasis en medio del desierto de la crisis que
 aflojará la soga que tienen al cuello 177.070 acreedores -dos terceras 
partes pymes y autónomos- por culpa de las facturas impagadas
 de los ayuntamientos.

Ésta es una de las mejores medidas -si no la mejor- que ha tomado

 Rajoy hasta la fecha. Máxime si se compara con el malogrado Plan E 
de José Luis Rodríguez Zapatero, que no fue más que pan para hoy 
y hambre para mañana con un coste de 55.000 millones de euros -en 
sus dos fases- de dinero público. Sus resultados van a ser tan inmediatos
 que este mismo jueves empezaron a notarse: FCC, que tenía por cobrar
 1.500 millones de euros, se disparó en Bolsa hasta cerrar como el mejor
 valor del Ibex 35 nada más anunciar que ya había conseguido recuperar
 650 millones.

A la primera fase se han acogido 2.305 consistorios (la mitad), a condición 

de presentar antes sus facturas y un plan de ajuste aprobado 
posteriormente por el Ministerio de Hacienda. Todos ellos suman 
17.000 millones de euros de facturas pendientes, que se suman a
 los 10.000 millones de las comunidades, cuyos acreedores podrán 
cobrar a partir del 30 de junio, dentro de un mes.

Tan esperanzador para el tejido empresarial es este plan que el miércoles 

Cristóbal Montoro anunció una prórroga hasta el 15 de junio para que
 los 1.478 ayuntamientos que no superaron inicialmente los requisitos
 tuvieran una segunda oportunidad, y para los que entonces no solicitaron
 el crédito se lo pensaran mejor. No en vano, el Gobierno había previsto
 inicialmente un fondo de 35.000 millones de euros del que, tras descontar
 los 17.000 de los ayuntamientos y los 10.000 de las autonomías, quedan
 aún 8.000 millones.

Hay quien dice que se trata de una intervención más o menos encubierta

 del Gobierno sobre los ayuntamientos, pero lo cierto es que los beneficiaros
 se mostraron este jueves encantados. Entre ellos la alcaldesa de Madrid,
 Ana Botella, cuyo Consistorio soporta una deuda de 1.004 millones.
 Su homóloga en Valencia, Rita Barberá, se mostró aliviada de poner
 liquidar "en 48 horas" facturas por importe de 182,5 millones de euros.

Lo que para los ayuntamientos es un quebradero de cabeza menos, para

 los empresarios es un balón de oxígeno vital sin el que muchos habrían 
terminando cayendo al precipicio. Gracias a esta inyección de liquidez 
se mantendrán a flote muchos puestos de trabajo y se crearán otros nuevos.
 En concreto, el Ejecutivo calcula que entre una cosa y otra hablamos de
 100.000 empleos.

Hace sólo mes y medio Rajoy presentaba este plan en una reunión en

 La Moncloa con proveedores de ayuntamientos y comunidades y hoy 
ya están cobrando. Ése sí es el camino para reactivar la economía ahora 
que tanto se discute sobre si es compatible la reducción del déficit 
con el crecimiento.

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