GUERRERO Y SUS CHEQUES.
Una empresa ligada a otro alto cargo de la Junta cobró cheques para Guerrero
Andalucine, propiedad de la hermana de una responsable de Medio Ambiente, recaudó dinero para el gestor de los ERE
Una empresa vinculada a un alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sirvió de «tapadera» para que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, recibiera «de vuelta» parte del dinero que salía de la Consejería de Empleo para financiar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos.
Tal y como adelantó ABC el pasado sábado, la juez que instruye el «caso ERE», Mercedes Alaya, sostiene que las dos aseguradoras que gestionaban los ERE, Vitalia y Uniter, efectuaban pagos periódicos a altos cargos de la Junta de Andalucía, con lo que parte del dinero público destinado a estos expedientes retornaba a bolsillos particulares. El procedimiento establecido consistía en que la Junta de Andalucía pagaba unas comisiones muy elevadas, por encima de la media del mercado, y tanto Vitalia como Uniter reintegraban parte de este dinero a altos cargos de la administración, según apunta Mercedes Alaya en los autos judiciales expedidos durante la pasada semana en base a la información recabada tras las últimas detenciones.
Según la investigación, estos pagos se harían a través de empresas pantalla que cobraban cheques emitidos por las aseguradoras. Una de estas empresas interpuestas sería Andalucine.com, propiedad cien por cien de la entidad Producciones Barataria, cuya administradora única es Beatriz Pérez Martín. Esta empresaria es hermana de Pilar Pérez Martín, delegada de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla durante seis años (de mayo de 2004 a abril de 2010).
Concretamente, a la juez Alaya le constan al menos dos cheques expedidos por la aseguradora Uniter de 25.000 y 75.000 euros respectivamente, y que aparecían en la contabilidad de la empresa a nombre de «J. Guerrero». Estos dos cheques fueron cobrados por Andalucine.com, según ha comprobado la Guardia Civil. Andalucine.com es un portal web creado por la empresa Producciones Barataria S.L. y destinado a la localización de exteriores y decorados para rodajes cinematográficos. Se constituyó a finales de 2003 gracias a una ayuda de 210.354 euros de la Junta de Andalucía... y preveniente de la partida 31L, más conocida como el «fondo de reptiles» con el que se financiaban los ERE fraudulentos.
Esta partida fue concedida por el propio Francisco Javier Guerrero y se justificó por «las inversiones hechas en modernización», según rezaba la resolución de la subvención. El dinero se abonó en dos pagos, 100.000 euros en abril de 2004 y 110.354 euros tres meses después.
La subvención había sido solicitada por Producciones Barataria S.L., pero el propio Guerrero recomendó a Pérez Martín que creara una nueva sociedad para acceder a ella, por lo que constituyó Andalucine.com. La ayuda fue finalmente concedida gracias a un convenio de la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posteriormente rebautizado como IDEA), es decir, el procedimiento habitualmente utilizado en los expedientes investigados por la juez Alaya. Beatriz Pérez Martín aseguró en su día a ABC que aquella ayuda de 210.354 euros se utilizó en crear un software de localizaciones y decorados on line de toda Andalucía y negó que su hermana conociera a Francisco Javier Guerrero pese a coincidir ambos en la Junta de Andalucía.
En cualquier caso, la presunta vinculación de Andalucine.com con la trama corrupta de los ERE ampliaría la sombra de la sospecha en la Junta de Andalucía más allá de la figura de Francisco Javier Guerrero y de la propia Consejería de Empleo.
«Pelotazo» en Camas
No es la primera vez que la familia Pérez Martín aparece ligada a episodios oscuros relacionados con el PSOE. Pilar, Beatriz y el padre de ambas, Emilio Pérez Ruiz, aparecieron como intermediarios en la recalificación de la finca «Los Hallones» en el municipio sevillano de Camas, una operación millonaria que incluyó el intento de soborno a un edil y que motivó otro complejo proceso judicial en los juzgados sevillanos, el «caso Camas».
La familia intervino en la operación —en la que los terrenos generaban una plusvalía de 15,4 millones de euros en un solo día— mediante la sociedad Solfrío de Níjar. El compromiso del PSOE de recalificar los terrenos no pudo llevarse a cabo al perder la Alcaldía.
