MAS NO PUEDE PRIVATIZAR EL AGUA EN BARCELONA.
La justicia frustra el gran proyecto de Mas para privatizar el agua
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba la privatización de la empresa suministradora de agua del área metropolitana de Barcelona, Aguas Ter-Llobregat
El gran proyecto de Artur Mas para aliviar su déficit, privatizar la empresa suministradora de agua del área metropolitana de Barcelona, Aguas Ter-Llobregat (ATLL), mediante la creación de un consorcio liderado por Acciona, peligra tras una decisión judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio ayer la razón a Agbar, en pugna con Acciona por esta adjudicación. El tribunal confirmó la obligación de ejecutar, hasta que se resuelva el litigio, la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (ente de la Generalitat que vela por la legalidad de sus adjudicaciones), que anuló el proceso, al considerar que la oferta de Acciona incumplía los plazos de inversión fijados en el concurso.
En diciembre, la Generalitat adjudicó la gestión de la ATLL a Acciona, que se impuso a Agbar, pero esta la impugnó ante el citado órgano, que le dio la razón. Acciona y la Generalitat pidieron al TSJC medidas cautelares para pedir que se suspendiera la aplicación de la decisión del órgano administrativo hasta que la justicia decidiera sobre la validez del contrato, pero el TSJC ha desestimado sus recursos. También desestima la petición de Agbar de que se ejecutara la resolución del órgano dejando si efecto la adjudicación.
Un riesgo asumido
Ahora, la Generalitat medita si recurre esta decisión del TSJC o desiste y adjudica la concesión a Agbar. Por su parte, Acciona anunció que recurrirá ante el Supremo y que por ahora seguirá gestionando ATLL. Si finalmente se anula la adjudicación a Acciona, el gobierno de Mas tendrá problemas para cuadrar sus cuentas. En diciembre ya ingresó 298 de los 1.000 millones que en total pagará Acciona por la concesión, dinero que le sirvió para cerrar 2012 con un déficit del 1,96%. En su recurso ante el TSJC, la administración alegó este y otros perjuicios económicos para pedir que no se suspendiera cautelarmente el contrato, pero el tribunal responde que no ve tales perjuicios. Además, señala que «si la administración ha tenido una prisa particular por suscribir el contrato» (lo hizo antes de que el órgano se pronunciara), asumía «el riesgo» de que este órgano contractual, «la propia administración», lo anulara.
