LAS MENTIRAS DE MAS PARA MANIPULAR A CATALUÑA.
El 56,5% de los catalanes optaría por mantenerse en España
- La fuerza de la manipulación independentista: el 50% cree que Cataluña no sería expulsada de la UE, a pesar de que Bruselas ya lo ha advertido hasta en cinco ocasiones
La máxima de que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad se está cumpliendo en Cataluña. Sólo así se entendería que más de la mitad de los ciudadanos de esa comunidad –el 50,2 por ciento– crea que una Cataluña independiente no sería expulsada de la Unión Europea, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN. Sólo el 37,3 por ciento es consciente de la invitación automática a abandonar el club europeo que ello conllevaría.
Tras las advertencias no sólo por parte del Gobierno español sino de las propias instituciones de la UE, es más plausible achacar semejante dislate a la manipulación secesionista que a la desinformación. Y es que los avisos han sido repetidos hasta la saciedad, al menos hasta en cinco ocasiones por parte de Bruselas, que además ha alertado de que España tiene «derecho de veto» para que vuelvan a ingresar en el club europeo.
Lo hizo en 2004 Romano Prodi en respuesta a una eurodiputada galesa del Partido Laborista: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado». A partir de esa respuesta se han sucedido otras, la mayoría desde 2012, y todas en el mismo sentido.
El 17 de septiembre del pasado año, unos días después de la Diada, varios eurodiputados españoles cuestionaron al actual presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, sobre posibles secesiones en el seno de la UE. Barroso explicó que un proceso de adhesión debe ajustarse plenamente a las normas y procedimientos que están previstos en los tratados de la UE. Poco después, el 4 de octubre de 2012, la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, explicaba en una carta al secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, que coincidía «plenamente» con sus tesis sobre una hipotética secesión unilateral de Cataluña, «lo que implicaría una exclusión inmediata de la UE y obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión, en el que España tendría derecho de veto».
En esas fechas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, afirmó que Cataluña dejaría de ser parte del euro si finalmente se independizara de España. El pasado 16 de septiembre era Almunia de nuevo quien ponía negro sobre blanco: «Si hay una decisión de segregación de una parte del territorio de un Estado miembro, esa parte segregada no es parte de la UE», eran sus palabras. Hacía sólo unos días de la última Diada y Almunia comentaba que la posición de la Comisión Europea es «clara» en este sentido.
Pero la obcecación independentista es tal que ese mismo día el Govern replicaba sin inmutarse en boca de su portavoz, Francesc Homs: «Que me diga [Almunia]en qué artículo dice que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE». Por si el mensaje no hubiera sido cristalino, aseguraba que nadie sabe «qué pasaría si naciera un nuevo Estado». Según Homs, la UE se pronunciará cuando un Estado miembro se lo pregunte. «Espero que algún día ocurra y cuando pase tengo la esperanza de que prevalezca el principio de la democracia», proseguía en su delirio soberanista apelando a un debate «en el marco de una negociación política». Cerrilismo en estado puro.
Tras el toque de atención de Almunia, habló la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde: «Un Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un tercer país respecto a la Unión y desde el momento de la independencia no se aplicarían los tratados [de la Unión] en su territorio».
Pero hay una masa crítica –quizá esa mayoría silenciosa a la que ha aludido el PP en alguna ocasión– que no comulga con los promotores de la deriva independentista. Así, frente al empuje del Govern, más de la mitad de los catalanes se muestran contrarios a esta vía, según el mismo sondeo. El 36,2 por ciento optaría por un Estado propio pero permaneciendo en España y el 20,3 por ciento mantendría el actual modelo autonómico, frente al 34,7 por ciento que elegiría la independencia.
Respecto a si votaría a favor de la independencia de Cataluña aunque ello suponga quedar fuera de la UE, la opinión pública catalana se muestra muy dividida, aunque es una mayoría –el 45,5 por ciento– la que no desea la ruptura con España si ello comporta quedar fuera de la UE. Por el contrario, el 43,7 por ciento quiere la independencia aunque ello suponga la exclusión de las instituciones europeas.
Con el tiempo que dedica el Gobierno de Artur Mas a su lucha por el debate soberanista, no es extraño que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña crea que su presidente está desatendiendo servicios básicos como la Sanidad y la Educación. El 56,3 por ciento tiene claro que hay un déficit de atención en parcelas tan primordiales en la vida cotidiana.
Tras las advertencias no sólo por parte del Gobierno español sino de las propias instituciones de la UE, es más plausible achacar semejante dislate a la manipulación secesionista que a la desinformación. Y es que los avisos han sido repetidos hasta la saciedad, al menos hasta en cinco ocasiones por parte de Bruselas, que además ha alertado de que España tiene «derecho de veto» para que vuelvan a ingresar en el club europeo.
Lo hizo en 2004 Romano Prodi en respuesta a una eurodiputada galesa del Partido Laborista: «Cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, por ejemplo, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a este Estado». A partir de esa respuesta se han sucedido otras, la mayoría desde 2012, y todas en el mismo sentido.
El 17 de septiembre del pasado año, unos días después de la Diada, varios eurodiputados españoles cuestionaron al actual presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, sobre posibles secesiones en el seno de la UE. Barroso explicó que un proceso de adhesión debe ajustarse plenamente a las normas y procedimientos que están previstos en los tratados de la UE. Poco después, el 4 de octubre de 2012, la comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, explicaba en una carta al secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, que coincidía «plenamente» con sus tesis sobre una hipotética secesión unilateral de Cataluña, «lo que implicaría una exclusión inmediata de la UE y obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión, en el que España tendría derecho de veto».
En esas fechas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, afirmó que Cataluña dejaría de ser parte del euro si finalmente se independizara de España. El pasado 16 de septiembre era Almunia de nuevo quien ponía negro sobre blanco: «Si hay una decisión de segregación de una parte del territorio de un Estado miembro, esa parte segregada no es parte de la UE», eran sus palabras. Hacía sólo unos días de la última Diada y Almunia comentaba que la posición de la Comisión Europea es «clara» en este sentido.
Pero la obcecación independentista es tal que ese mismo día el Govern replicaba sin inmutarse en boca de su portavoz, Francesc Homs: «Que me diga [Almunia]en qué artículo dice que una Cataluña independiente quedaría fuera de la UE». Por si el mensaje no hubiera sido cristalino, aseguraba que nadie sabe «qué pasaría si naciera un nuevo Estado». Según Homs, la UE se pronunciará cuando un Estado miembro se lo pregunte. «Espero que algún día ocurra y cuando pase tengo la esperanza de que prevalezca el principio de la democracia», proseguía en su delirio soberanista apelando a un debate «en el marco de una negociación política». Cerrilismo en estado puro.
Tras el toque de atención de Almunia, habló la portavoz del Ejecutivo comunitario, Pia Ahrenkilde: «Un Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un tercer país respecto a la Unión y desde el momento de la independencia no se aplicarían los tratados [de la Unión] en su territorio».
Pero hay una masa crítica –quizá esa mayoría silenciosa a la que ha aludido el PP en alguna ocasión– que no comulga con los promotores de la deriva independentista. Así, frente al empuje del Govern, más de la mitad de los catalanes se muestran contrarios a esta vía, según el mismo sondeo. El 36,2 por ciento optaría por un Estado propio pero permaneciendo en España y el 20,3 por ciento mantendría el actual modelo autonómico, frente al 34,7 por ciento que elegiría la independencia.
Respecto a si votaría a favor de la independencia de Cataluña aunque ello suponga quedar fuera de la UE, la opinión pública catalana se muestra muy dividida, aunque es una mayoría –el 45,5 por ciento– la que no desea la ruptura con España si ello comporta quedar fuera de la UE. Por el contrario, el 43,7 por ciento quiere la independencia aunque ello suponga la exclusión de las instituciones europeas.
Con el tiempo que dedica el Gobierno de Artur Mas a su lucha por el debate soberanista, no es extraño que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña crea que su presidente está desatendiendo servicios básicos como la Sanidad y la Educación. El 56,3 por ciento tiene claro que hay un déficit de atención en parcelas tan primordiales en la vida cotidiana.
CiU no quiere militares que opinen de política
El Grupo Parlamentario de CiU quiere que el proyecto de Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas incluya dos nuevos apartados en los que se tipifique como falta grave y, por tanto, se sancione a los militares que opinen, «mediante declaraciones o escritos», de política o que insten a la utilización de «métodos o arsenal bélico» contra opciones políticas como pueden ser las aspiraciones soberanistas en Cataluña, informa Ep. Así se desprende de una de las 87 enmiendas parciales de CiU al proyecto de ley, que ya superó su primer trámite parlamentario hace dos semanas con el rechazo a la devolución del texto.
