RAJOY CONSULTA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN.
Rajoy consulta ya con sus barones el alcance de la reforma constitucional
Por tierra, mar y aire, izquierda, derecha, separatistas y movimientos sociales apelan a un cambio en pocas de las cosas que son de verdad de comer: la Carta Magna de 1978 y en concreto su título VIII que atiende a «la organización territorial del Estado». Y el último grito es intentar poner el foco de dicha modificación en Felipe VI, el nuevo Rey, cuyas funciones -parecen olvidar sus promotores- son las de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones (título II de la Constitución). Luego no está entre ellas promover una reforma del marco de convivencia democrática. Desde las filas populares se malician que «los mismos que reclaman a Zarzuela una intervención serían los primeros en reprochar al Rey su injerencia si esa iniciativa no siguiera religiosamente sus consignas», sostiene un alto cargo de Rajoy.
La tercera iría orientada a adecuar nuestro texto al de Europa. El 20 de febrero de 2005 los españoles aprobaban mediante referéndum las reglas de juego europeas y entonces surgieron voces sobre si existía alguna incompatibilidad con nuestra Carta Magna. Finalmente fue el Constitucional el encargado de despejar las dudas. Por ello, no se procedió a la reforma aunque desde que Rajoy llegó al poder ha insistido (ABC, 16/03/2014) en que «la verdadera reforma vendrá de Europa». Finalmente, parece haber consenso sobre la necesidad de revitalizar el Senado dotándole de instrumentos para ser la verdadera Cámara territorial, lo que ayudaría a relajar, según el socialista Marcelino Iglesias, «las tensiones tradicionales en nuestro país».
El presidente les sondeó el viernes 20 en Génova. Todos tienen claro que no puede hacerse esta legislatura y se cierran en banda al Estado federal «asimétrico»
Viernes 20 de junio. Rajoy reúne en Génova a sus barones. La primera razón, hablar de la reforma fiscal. Los presidentes autonómicos están inquietos por muchas cosas. También por el cambio tributario más importante de la legislatura y por quién -«¿seremos nosotros?»- va a pagar la factura de la bajada de impuestos. Pero, además, Moncloa quiere sondear a los responsables regionales por otra reforma de la que muchos hablan pero pocos ponen nombre y apellidos: el cambio de la Constitución.
Rajoy no se niega a ello, les dice. Pero primero hay que saber en qué se quiere reformar. No es baladí que lo comente con ellos: muchos también se han apuntado a esa moda. Desde el murciano Garre, que pide un cambio «para actualizarla y consolidarla», a Esperanza Aguirre, que quiere así «enmendar el modelo autonómico». Todos pretenden corregirla pero nadie precisa. Y luego están la izquierda y los nacionalistas. Una y otros le ponen distinto collar, pero parecen hablar del mismo perro: Ferraz quiere un Estado federal «asimétrico» (es decir, desigual según de qué comunidad estemos hablando) y los nacionalistas plantean cambiar el modelo de Estado para consagrar a Cataluña como nación.
Rajoy no se cierra a los cambios pero siempre que se aclare qué se quiere
¿Se trata de introducir un sistema federal? ¿Un sistema federal asimétrico? ¿Hay que tocar las competencias exclusivas? Estas son las preguntas que, sin dar crédito a la sola idea, hace en privado Rajoy. Su ministro de Exteriores y uno de sus colaboradores más proximos, José Manuel García-Margallo, es un convencido de «actualizar» el texto siempre que haya «consenso».
Las incógnitas en Ferraz
El presidente no se cierra en banda pero tiene claro que tan importante como el «qué» hay que modificar es el «cuándo» deben acometerse los cambios. Rajoy despeja dudas: no será antes del 9 de noviembre de este año, fecha en la que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha planteado un auténtico desafío al Estado de Derecho con la convocatoria de un referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. Ni siquiera antes de las próximas elecciones generales. El propio Rubalcaba, que ha hablado en varias ocasiones con el inquilino de Moncloa sobre este asunto, lo confirma: «Si en 2014 no se produce el comienzo de la reforma, hay que olvidar el asunto hasta la siguiente legislatura, toda vez que 2015 ya es puramente electoral». Y eso, sin contar con la descomposición interna que ha marcado su marcha de Ferraz. Un antídoto añadido para mudanza alguna.
El socialista dimisionario le propuso en privado al presidente buscar un mayor encaje de Cataluña en la arquitectura autonómica y también la inclusión de derechos como la Sanidad universal en la Constitución. Pero ahora hay un problema añadido para el Gobierno del PP: con quién negocia en las filas socialistas. El camino no parece fácil. Tanto Eduardo Madina como Pedro Sánchez, los dos postulantes mejor situados en la carrera por la Secretaría General, ya han pedido que Cataluña sea reconocida como nación y un concierto fiscal «ad hoc». Los barones del PP se oponen en la reunión, según ha sabido ABC de varios de los asistentes. Sobre todo porque ese concierto que se pretende para Mas sería discriminatorio para el resto de Comunidades, justo cuando Montoro aplaza la reforma de la financiación autonómica.
El Consejo de Estado
Aunque en Moncloa no quieren adelantar ningún plan de reforma que no esté respaldado por el consenso, se tiene claro que hay cuatro aspectos que podrían ser corregidos. De hecho, en 2006 el Consejo de Estado, a propuesta del entonces presidente Zapatero, ya dio el visto bueno a esas modificaciones.
La primera, la referida al modelo autonómico pero limitada a incluir la denominación de las 17 Comunidades. La segunda, para abolir la discriminación a la mujer en la sucesión a la Corona. Un asunto muy debatido antes del nacimiento de las dos hijas de Don Felipe. De haber sido varón la Infanta Sofía, habría tenido preferencia frente a su hermana Leonor. Sin embargo, finalmente la cuestión quedó aparcada.
Madina y Sánchez defienden un Estado federal «asimétrico» para Cataluña
Ahora bien, lo mollar está en el Título VIII. Hay una línea roja por la que Rajoy (y hasta ayer Rubalcaba) no pasa. «La Constitución es irreformable en cuestión de soberanía o de la unidad de España». Por tanto, los que quieren descafeinarla se encontrarán, como quedó claro en la cita de Génova, con el PP en contra. Falta conocer el compromiso institucional del nuevo PSOE.
