LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INDICARÁ MAÑANA QUÉ TRIBUNAL JUZGARÁ A LOS AFORADOS.
La Fiscalía Anticorrupción indicará mañana qué tribunal debe juzgar a los aforados
La Fiscalía Anticorrupción indicará mañana a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, qué tribunal es el competente para seguir instruyendo la causa respecto a los aforados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta, y cinco exconsejeros andaluces.
La juez emitió el viernes una providencia en la afirmó que ya ha llevado a cabo las investigaciones necesarias para "individualizar las respectivas conductas" de los aforados que "pudieran tener responsabilidad en la causa", por lo que dio a la Fiscalía el plazo de un día para "informar lo que a su derecho convenga sobre la competencia para seguir conociendo de las presentes actuaciones".
Fuentes del caso interpretan este trámite como anticipo de una inminente inhibición, posiblemente antes de finales de julio, ante el tribunal superior correspondiente.
Los "preimputados" son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y 2009; Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013; José Antonio Viera como consejero de Empleo entre 2000 y 2004, y Carmen Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento desde 2009 a 2013.
También están "preimputados" Manuel Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012; Francisco Vallejo como titular de Innovación entre 2004 y 2009, y Antonio Ávila como consejero de Economía e Innovación desde 2010 a 2013.
De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo Viera, que son diputados en el Congreso, y Griñán como senador.
Los exconsejeros Martínez Aguayo, Ávila, Recio y Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.
La causa de los ERE acumula ya 201 imputados, de los que una treintena son ex altos cargos de la Junta y algunos de ellos exconsejeros aunque en la actualidad no están aforados, como es el caso de Magdalena Álvarez, consejera de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) y el extitular de Innovación Martín Soler (2009-2010).
La juez Alaya lleva varios meses trabajando en el auto de inhibición, en el que incluso ha hecho correcciones aprovechando las comparecencias de las últimas semanas a imputados que se acogieron a su derecho a no declarar.
Alaya debe elevar a tribunal superior correspondiente una "exposición razonada" con sus indicios contra los aforados.
Mientras tanto, la juez mantiene su ritmo de declaraciones y este próximo miércoles tomará declaración a José de Haro, exviceconsejero de Economía imputado en la ampliación de la investigación a las ayudas de los años 2011 y 2012.
También está citado Manuel Jiménez de Miguel, a quien se otorgaron unas rentas mensuales de entre 2.159 y 9.221 euros entre 2008 y 2017 por el único motivo de ser militantes de la Agrupación Socialista de Nervión en la capital sevillana, según Alaya.
La juez emitió el viernes una providencia en la afirmó que ya ha llevado a cabo las investigaciones necesarias para "individualizar las respectivas conductas" de los aforados que "pudieran tener responsabilidad en la causa", por lo que dio a la Fiscalía el plazo de un día para "informar lo que a su derecho convenga sobre la competencia para seguir conociendo de las presentes actuaciones".
Fuentes del caso interpretan este trámite como anticipo de una inminente inhibición, posiblemente antes de finales de julio, ante el tribunal superior correspondiente.
Los "preimputados" son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y 2009; Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013; José Antonio Viera como consejero de Empleo entre 2000 y 2004, y Carmen Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento desde 2009 a 2013.
También están "preimputados" Manuel Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012; Francisco Vallejo como titular de Innovación entre 2004 y 2009, y Antonio Ávila como consejero de Economía e Innovación desde 2010 a 2013.
De los siete aforados, algunos lo están ante el Tribunal Supremo como Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo Viera, que son diputados en el Congreso, y Griñán como senador.
Los exconsejeros Martínez Aguayo, Ávila, Recio y Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.
La causa de los ERE acumula ya 201 imputados, de los que una treintena son ex altos cargos de la Junta y algunos de ellos exconsejeros aunque en la actualidad no están aforados, como es el caso de Magdalena Álvarez, consejera de Economía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004-2010) y el extitular de Innovación Martín Soler (2009-2010).
La juez Alaya lleva varios meses trabajando en el auto de inhibición, en el que incluso ha hecho correcciones aprovechando las comparecencias de las últimas semanas a imputados que se acogieron a su derecho a no declarar.
Alaya debe elevar a tribunal superior correspondiente una "exposición razonada" con sus indicios contra los aforados.
Mientras tanto, la juez mantiene su ritmo de declaraciones y este próximo miércoles tomará declaración a José de Haro, exviceconsejero de Economía imputado en la ampliación de la investigación a las ayudas de los años 2011 y 2012.
También está citado Manuel Jiménez de Miguel, a quien se otorgaron unas rentas mensuales de entre 2.159 y 9.221 euros entre 2008 y 2017 por el único motivo de ser militantes de la Agrupación Socialista de Nervión en la capital sevillana, según Alaya.
Además, deberá comparecer la sindicalista de UGT Blanca Uruñuela, imputada por las ayudas a Altadis, y José Francisco Pardo Fernández, directivo de la empresa malagueña A-Novo.