CiU NO QUIERE ESCOLARIZAR EN CASTELLANO.
CiU pide suprimir la partida presupuestaria para la escolarización en castellano
Según la legislación educativa estatal, los alumnos que no tengan garantizada la enseñanza en castellano en centros públicos o concertados de esas autonomías podrán recurrir a los privados para recibirla.
El Ministerio de Educación abonará a las familias los gastos de tal escolarización privada, una vez comprobados los casos.
A continuación se comunicarán tales pagos al de Hacienda, de forma que podrán ser retenidos o deducidos de la financiación autonómica de la comunidad correspondiente.
CiU argumenta que las regulaciones de esta cuestión tanto en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) como en el real decreto de desarrollo son “inconstitucionales”.
Estas normas “habilitan un nuevo control jerárquico de la administración central respecto de las autonómicas no previsto en la Constitución”, según este grupo.
El Ministerio de Educación abonará a las familias los gastos de tal escolarización privada, una vez comprobados los casos.
A continuación se comunicarán tales pagos al de Hacienda, de forma que podrán ser retenidos o deducidos de la financiación autonómica de la comunidad correspondiente.
CiU argumenta que las regulaciones de esta cuestión tanto en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) como en el real decreto de desarrollo son “inconstitucionales”.
Estas normas “habilitan un nuevo control jerárquico de la administración central respecto de las autonómicas no previsto en la Constitución”, según este grupo.
Así, “se vulnera” la autonomía política reconocida a las comunidades en el texto constitucional y “se invaden” las competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña en educación y lengua en el Estatuto de Autonomía.
