ESTA ES LA TRANSPARENCIA QUE QUIERE EL PSOE.
La Junta declara la guerra a la juez Alaya
Acorralado por la investigación de la magistrada, el Ejecutivo andaluz no ha cejado de ponerle trabas
La pugna jurídica entre la juez de Mercedes Alaya y el Gobierno andaluz ha desembocado en una guerra abierta. El recurso presentado por la Junta para apartarla de la macrocausa de los cursos de formación alegando que vulnera «normas procesales» constituye el último episodio de una larga escalada de hostilidades que comenzó hace cuatro años en el caso Mercasevilla. Desde entonces, el choque de trenes ha sido permanente y la brecha, irreparable. Mientras la juez reprochaba al Ejecutivo que pusiera multitud de obstáculos a la instrucción del caso de los ERE fraudulentos (que ya ha elevado al Tribunal Supremo), el PSOE andaluz, que blasonaba de que nadie le ganaba a «colaborador con la justicia», contraatacaba acusándola de hacer coincidir los picos de tensión del proceso judicial —imputaciones de altos cargos y declaraciones explosivas— con periodos electorales o hitos de la agenda institucional.
Recusación en Mercasevilla
Los desencuentros arrancaron en Mercasevilla, el kilómetro cero de una madeja de corrupción que acabó destapando, casi por casualidad, la existencia de intrusos en los ERE. Al juzgado de Alaya llegaron unas grabaciones en las que dos directivos de la empresa controlada por el Ayuntamiento hispalense exigían a hosteleros el pago de comisiones a cambio de una subvención autonómica. El PSOE instó a la juez a dejar el caso al conocerse que su marido había auditado a la sociedad municipal. A diferencia de lo que ha sucedido con los cursos, donde ha plasmado su desacuerdo en un recurso, los socialistas no se adhirieron en aquella ocasión a la fallida petición de recusación que suscribieron una imputada en la causa y la Fiscalía.
Actas de ida y vuelta
Pocas imágenes retratan de forma tan fiel la ruptura de la juez y la Junta como la de la llegada, retirada y posterior retorno al juzgado de instrucción seis de Sevilla del armario acorazado que contenía las 480 actas de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. El Gobierno de José Antonio Griñán se negó a facilitárselas amparándose en el carácter secreto de las deliberaciones. Planteó un pulso jurisdiccional en el Supremo que este tribunal falló a favor de Alaya.
Documentación incompleta
A los requerimientos de información de la magistrada, el Gabinete andaluz respondía abrumándola con pilas y pilas de expedientes desordenados, «inconexos y repetidos» sobre los ERE y notas manuscritas en «pos-it». La Guardia Civil alertó de que «se sacó documentación comprometida» en la sede de la antigua Consejería de Empleo en Sevilla durante un fin de semana para evitar las miradas indiscretas de los funcionarios.
Ataques personales
La guerra sucia no tardó en aparecer. Ocurrió en la campaña de las elecciones generales del 20-N. El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, dejó caer que «hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido [juez en excedencia], que eran compañero y dicen que algún expediente en común tuvieron». El Consejo General del Poder Judicial salió por primera vez en defensa de la juez. El CGPJ dio un segundo tirón de orejas al consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera (fiscal en excedencia), quien acusó a Alaya de falta de imparcialidad, amén de señalar que «trabaja mucho y encima sigue guapa». Alaya, que ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción por la petición de Manos Limpias para expulsar a laJunta de los ERE, cuestionó que ésta adoptara una «posición más propia de una defensa que de una acusación».
