LA JUEZ ALAYA INVESTIGA A LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN ANDALUCÍA.
La jueza Mercedes Alaya a su llegada a los Juzgados de Sevilla
En un auto con fecha de 23 de diciembre y al que ha tenido acceso Efe, la jueza requiere a la administración andaluza los informes adicionales “con su correspondiente notificación” que se hubiesen realizado en las entidades públicas andaluzas Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa o cualquier otra empresa pública”.
La magistrada pretende determinar, según el auto, el “paralelismo entre lo acontecido” entre la Agencia IDEA “con lo ocurrido en estas otras empresas públicas”.
En el auto señala que es “especialmente importante para la instrucción” de la causa de los ERE fraudulentos “conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente de las empresas de la Junta de Andalucía, entre ellas IDEA”.
Por todo ello, la jueza acuerda requerir a la Consejería andaluza de Hacienda para que le remitan los expedientes “íntegros” “tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas” de la Junta en 2005, 2006 y 2007.
Estos expedientes, según Alaya, deberán tener un primer anexo con los datos económicos de las empresas y otro con la memoria de los trabajos de auditoría realizados en los ejercicios anteriores en ejecución de los acuerdos de gobierno procedentes.
También un tercer anexo con las modificaciones introducidas a los acuerdos anteriores.
Igualmente, la magistrada que investiga el caso de los ERE reclama los acuerdos del Consejo de Gobierno adoptados en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, “y cuantos otros particulares obren en los expedientes, tales como notas de conclusiones de los trabajos realizados en cada ejercicio económico”.
La magistrada pretende determinar, según el auto, el “paralelismo entre lo acontecido” entre la Agencia IDEA “con lo ocurrido en estas otras empresas públicas”.
En el auto señala que es “especialmente importante para la instrucción” de la causa de los ERE fraudulentos “conocer las directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente de las empresas de la Junta de Andalucía, entre ellas IDEA”.
Por todo ello, la jueza acuerda requerir a la Consejería andaluza de Hacienda para que le remitan los expedientes “íntegros” “tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas” de la Junta en 2005, 2006 y 2007.
Estos expedientes, según Alaya, deberán tener un primer anexo con los datos económicos de las empresas y otro con la memoria de los trabajos de auditoría realizados en los ejercicios anteriores en ejecución de los acuerdos de gobierno procedentes.
También un tercer anexo con las modificaciones introducidas a los acuerdos anteriores.
Igualmente, la magistrada que investiga el caso de los ERE reclama los acuerdos del Consejo de Gobierno adoptados en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, “y cuantos otros particulares obren en los expedientes, tales como notas de conclusiones de los trabajos realizados en cada ejercicio económico”.
Todos estos expedientes se reclaman igualmente a la Intervención de la Junta, añade el escrito de la magistrada.
