EL AYUNTAMIENTO DE PARLA OCULTA Y SE EMBOLSA LA RECAUDACIÓN DE LOS RADARES.
Parla oculta y se embolsa la recaudación de los radares
La pasada semana, el Ayuntamiento de Parla desconectó los radares que habían estado funcionando en los últimos meses en el municipio y que habían disparado el número de sanciones de tráfico impuestas a los vecinos. La decisión del Gobierno local llegaba después de que el Pleno municipal, con el voto favorable de todos los grupos, acordase suspender temporalmente el contrato con Bilbomática, la empresa encargada de la gestión de estos sistemas de sanción.
Parla ya es, por tanto, desde el pasado jueves una ciudad libre de radares. Sin embargo, la decisión de romper el contrato de forma unilateral por parte del equipo de la alcaldesa, Beatriz Arceredillo, puede conducir al consistorio a una nueva contienda judicial. Ante el incumplimiento de lo acordado en el contrato de adjudicación –que fijó la duración del mismo en los cuatro años con la posibilidad de prorrogarlo durante dos más–, de los pliegos y como consecuencia del acuerdo de la Junta de Gobierno que aprueba la «rescisión unilateral», Bilbomática se plantea llevar al Ayuntamiento de Parla a los tribunales y reclamar, por la vía contencioso-administrativa y por la vía penal, una indemnización. De momento, la adjudicataria contestará en los próximos días al requerimiento enviado por el consistorio en el que éste le comunica las razones para deshacer el contrato. Será, posteriormente, el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid el que deba pronunciarse mediante un dictamen no vinculante, de forma que la parte que se considere perjudicada tendrá aún abierta la puerta a recurrir judicialmente.
Y es que, al margen de la decisión adoptada por el Pleno y ratificada por la Junta de Gobierno, Bilbomatica todavía no ha percibido ni un solo euro desde que se adjudicó el contrato. Todo el dinero abonado durante estos meses por los vecinos en concepto de las miles de multas impuestas ha ido a parar a una cuenta bancaria restringida y específica. Ello significa que sólo el consistorio puede acceder a ella y que, precisamente por ser específica, este dinero no puede ser destinado a ningún otro gasto de la ciudad. Según lo acordado por la empresa y el Ayuntamiento, del dinero ingresado en esta cuenta por el pago de multas, el 64% de la recaudación municipal en el plazo de pago voluntario durante el primer año del contrato sería abonado a Bilbomática y el 36% restante lo percibiría el Ayuntamiento en una cuenta propia, en la que ya sí podría disponer de él libremente. El contrato se firmó hace ya ocho meses, y este reparto de dinero no se ha producido todavía, a pesar de que ambas partes acordaron realizar estos pagos mensualmente. Según un portavoz de la adjudicataria, el consistorio ni siquiera ha permitido a Bilbomática conocer el volumen del dinero ingresado en la cuenta restringida.
La estimación con la que trabaja la empresa es que los sistemas de control –radares de velocidad y semáforos en rojo– han impuesto más de 30.000 multas en estos meses. Y, según la experiencia que tienen en otras ciudades similares, el pago voluntario de estas multas suele situarse en el entorno del 50%. De esta forma, la cuenta bancaria de la polémica podría haber superado ya los tres millones de euros. Una cifra que, por ejemplo, contrasta con el hecho de que en todo el año 2013, el consistorio sólo lograse recaudar 400.000 euros en multas de tráfico.
Si finalmente ambas partes no llegan a un acuerdo, el Ayuntamiento de Parla deberá demostrar que la razón argumentada para rescindir el contrato es real. A pesar de que la alcaldesa aseguró en el pleno municipal que la ruptura tenía su origen en que Bilbomática no había realizado el plan de seguridad vial al que se había comprometido, en el requerimiento enviado a la propia empresa subraya que la adjudicataria ha incurrido en una «posible irregularidad grave». En concreto, la alcaldesa acusa a Bilbomática de haber suscrito un contrato con Correos para que esta empresa lleve a cabo la notificación de las multas, lo que, según el consistorio, podría significar una violación de la Ley de Protección de Datos. Desde la adjudicataria, sin embargo, advierten de que no hay ninguna relación contractual con Correos. «No vulneramos ninguna ley, ya que no damos ninguna información sensible a Correos», aseguran desde la empresa. De hecho, los pliegos del contrato subrayan que esta notificación de las sanciones deberá realizarse a través de «la Sociedad Estatal de Correos». Cuando a principios de febrero, la alcaldesa comunicó en una reunión a la empresa su intención de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, los responsables de Bilbomática trasladaron a Arceredillo que, al margen del 64% del total de las sanciones, deberían recibir una indemnización por la inversión realizada: el hardware instalado, la red de comunicaciones facilitada a la Policía Municipal y el gasto de personal de los siete empleados contratados.
La polémica estalló a mediados de febrero, cuando se hicieron públicos los datos de la propia alcaldía relativos a los meses de octubre y noviembre: casi 12.000 sanciones de tráfico por un importe total de dos millones de euros. A partir de ese momento, y especialmente por la presión de los grupos de la oposición, la alcaldesa comenzó a plantearse la necesidad de rescindir el contrato. Esta decisión ponía fin a seis meses de funcionamiento de los radares –cuya ubicación concreta dentro del municipio y el límite de velocidad fijado para sancionar habían sido fijados por el propio consistorio–. Una ruptura ontractual que ha impedido a Bilbomática cerrar los expedientes abiertos, lo que deja en el aire que a muchos vecinos, si se les pasa el periodo ejecutivo de pago, le sea embargado el importe de la sanción.
Y es que, al margen de la decisión adoptada por el Pleno y ratificada por la Junta de Gobierno, Bilbomatica todavía no ha percibido ni un solo euro desde que se adjudicó el contrato. Todo el dinero abonado durante estos meses por los vecinos en concepto de las miles de multas impuestas ha ido a parar a una cuenta bancaria restringida y específica. Ello significa que sólo el consistorio puede acceder a ella y que, precisamente por ser específica, este dinero no puede ser destinado a ningún otro gasto de la ciudad. Según lo acordado por la empresa y el Ayuntamiento, del dinero ingresado en esta cuenta por el pago de multas, el 64% de la recaudación municipal en el plazo de pago voluntario durante el primer año del contrato sería abonado a Bilbomática y el 36% restante lo percibiría el Ayuntamiento en una cuenta propia, en la que ya sí podría disponer de él libremente. El contrato se firmó hace ya ocho meses, y este reparto de dinero no se ha producido todavía, a pesar de que ambas partes acordaron realizar estos pagos mensualmente. Según un portavoz de la adjudicataria, el consistorio ni siquiera ha permitido a Bilbomática conocer el volumen del dinero ingresado en la cuenta restringida.
La estimación con la que trabaja la empresa es que los sistemas de control –radares de velocidad y semáforos en rojo– han impuesto más de 30.000 multas en estos meses. Y, según la experiencia que tienen en otras ciudades similares, el pago voluntario de estas multas suele situarse en el entorno del 50%. De esta forma, la cuenta bancaria de la polémica podría haber superado ya los tres millones de euros. Una cifra que, por ejemplo, contrasta con el hecho de que en todo el año 2013, el consistorio sólo lograse recaudar 400.000 euros en multas de tráfico.
Si finalmente ambas partes no llegan a un acuerdo, el Ayuntamiento de Parla deberá demostrar que la razón argumentada para rescindir el contrato es real. A pesar de que la alcaldesa aseguró en el pleno municipal que la ruptura tenía su origen en que Bilbomática no había realizado el plan de seguridad vial al que se había comprometido, en el requerimiento enviado a la propia empresa subraya que la adjudicataria ha incurrido en una «posible irregularidad grave». En concreto, la alcaldesa acusa a Bilbomática de haber suscrito un contrato con Correos para que esta empresa lleve a cabo la notificación de las multas, lo que, según el consistorio, podría significar una violación de la Ley de Protección de Datos. Desde la adjudicataria, sin embargo, advierten de que no hay ninguna relación contractual con Correos. «No vulneramos ninguna ley, ya que no damos ninguna información sensible a Correos», aseguran desde la empresa. De hecho, los pliegos del contrato subrayan que esta notificación de las sanciones deberá realizarse a través de «la Sociedad Estatal de Correos». Cuando a principios de febrero, la alcaldesa comunicó en una reunión a la empresa su intención de llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, los responsables de Bilbomática trasladaron a Arceredillo que, al margen del 64% del total de las sanciones, deberían recibir una indemnización por la inversión realizada: el hardware instalado, la red de comunicaciones facilitada a la Policía Municipal y el gasto de personal de los siete empleados contratados.
La polémica estalló a mediados de febrero, cuando se hicieron públicos los datos de la propia alcaldía relativos a los meses de octubre y noviembre: casi 12.000 sanciones de tráfico por un importe total de dos millones de euros. A partir de ese momento, y especialmente por la presión de los grupos de la oposición, la alcaldesa comenzó a plantearse la necesidad de rescindir el contrato. Esta decisión ponía fin a seis meses de funcionamiento de los radares –cuya ubicación concreta dentro del municipio y el límite de velocidad fijado para sancionar habían sido fijados por el propio consistorio–. Una ruptura ontractual que ha impedido a Bilbomática cerrar los expedientes abiertos, lo que deja en el aire que a muchos vecinos, si se les pasa el periodo ejecutivo de pago, le sea embargado el importe de la sanción.
