EL GOBIERNO PRORROGA HASTA 2017 LA SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS.
Guindos, Catalá y Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros
Tres días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, enumerase en el Debate del Estado de la Nación el contenido de la «agenda social» que impulsará en los próximos meses para favorecer a algunos de los colectivos más perjudicados por la crisis o en situación más vulnerable, ayer pasaron la prueba del Consejo de Ministros el grueso de las nuevas iniciativas anunciadas. Cinco leyes, cuatro proyectos de ley y un decreto ley que contienen, según dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, los «contenidos esenciales de esa agenda social» y de las nuevas actuaciones en materia de Justicia, en concreto, en los mecanismos para su agilización. El objetivo último de todas estas medidas, y de las que faltan por aprobar en esta Legislatura, es «favorecer la creación de empleo, apoyar a las familias y mantener el impulso de las reformas estructurales».
Devolver el esfuerzo
La vicepresidenta defendió que ha llegado el momento de «devolver a los españoles los esfuerzos» que han hecho en esta crisis y de trasladar la mejora económica a los sectores más vulnerables. Un mensaje que se convertirá en una de los lemas del PP en esta campaña electoral. Rajoy quiere corregir la imagen de falta de sensibilidad social que le ha dejado la gestión de la recesión. Y el viento a favor económico le permite afrontar este año electoral con margen para hacer guiños al gasto social tras tres años de ajustes y recortes.
Su carta de presentación es que el Gobierno está dando pasos para promover que la recuperación llegue antes a las familias, a la pequeña empresa, a los autónomos y a otros sectores más perjudicados. Un guiño a las familias, a la clase media y, en consecuencia, también a sus votantes desencantados con algunas de las decisiones adoptadas en estos años. Además, el Gobierno confía en que al mercado laboral lleguen cada vez con más fuerza los efectos positivos de una coyuntura marcada por unas perspectivas de crecimiento al alza unidas a una situación en la que todos los indicadores están en positivo.
Su carta de presentación es que el Gobierno está dando pasos para promover que la recuperación llegue antes a las familias, a la pequeña empresa, a los autónomos y a otros sectores más perjudicados. Un guiño a las familias, a la clase media y, en consecuencia, también a sus votantes desencantados con algunas de las decisiones adoptadas en estos años. Además, el Gobierno confía en que al mercado laboral lleguen cada vez con más fuerza los efectos positivos de una coyuntura marcada por unas perspectivas de crecimiento al alza unidas a una situación en la que todos los indicadores están en positivo.
Desahucios y deudas
Pensando en los más colectivos más vulnerables, el Gobierno aprobó el conocido como Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios de buena fe. En esencia, la norma aplaza la posibilidad de desahucio para estas personas y les concede una serie de condiciones ventajosas para afrontar el pago de los créditos por compra de vivienda. Ayer, el Ejecutivo aprobó un real decreto que da una vuelta de tuerca al código para extenderlo a más personas y mejorar sus condiciones.
Para empezar, se extenderá hasta 2017 el periodo de suspensión de desahucios sobre viviendas habituales de los beneficiarios del código. La prórroga actual finalizaba en mayo. Además, el Gobierno ha relajado los requisitos para poder beneficiarse del mismo, de tal forma que su número se duplicará, según cálculos de Economía. A partir de ahora, se podrán acoger al mismo aquellas familias cuya renta máxima sea de 22.365 euros, frente a los 19.170 de antes. También incluirá a los mayores de 60 años y se eleva el límite de precio de adquisición de los inmuebles que pueden acogerse al código de 250.000 euros a 300.000. Además, el Gobierno ha decidido eliminar las «cláusulas suelo», que establecen un mínimo a pagar de cuota hipotecaria con independencia de la cotización del euribor, para los beneficiarios del código.
El decreto también recoge la conocida como segunda oportunidad por la que se pretende liberar de todas las deudas pendientes a aquellos particulares que, una vez liquidado todo su patrimonio, no puedan afrontar los pasivos que les queden por finiquitar. La medida se contempla desde Economía como el último recurso para aquellos particulares que, no pudiendo acogerse al Código de Buenas Prácticas, no hayan podido tampoco llegar a un acuerdo con sus acreedores de forma extrajudicial o a través de una propuesta de convenio en el marco de un concurso. Será entonces cuando, una vez que demuestre que ha intentado pagar sus deudas y que con la liquidación de su patrimonio no cubre su pasivo, una persona pueda acogerse a esa medida y se le exoneren las deudas pendientes. Algunas, no obstante, no quedarán perdonadas. Se trata de aquellos créditos públicos –los generados por el proceso de liquidación–, las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social y las de alimento –como, por ejemplo, pensiones alimenticias–. Para liquidar estos pagos, el deudor dispondrá de cinco años. No obstante, podrá liberarse de forma definitiva de las mismas si en ese periodo ha realizado un esfuerzo sustancial para su satisfacción.
La exoneración de deudas se podrá revocar en cinco años a solicitud de los acreedores cuando se acredite que el deudor ha ocultado bienes o si hay lo que se conoce como una mejora de su fortuna, entendida ésta como una mejora de su situación económica que le permita pagar a sus acreedores y satisfacer sus necesidades básicas –alimentos, vivienda...–.
Para empezar, se extenderá hasta 2017 el periodo de suspensión de desahucios sobre viviendas habituales de los beneficiarios del código. La prórroga actual finalizaba en mayo. Además, el Gobierno ha relajado los requisitos para poder beneficiarse del mismo, de tal forma que su número se duplicará, según cálculos de Economía. A partir de ahora, se podrán acoger al mismo aquellas familias cuya renta máxima sea de 22.365 euros, frente a los 19.170 de antes. También incluirá a los mayores de 60 años y se eleva el límite de precio de adquisición de los inmuebles que pueden acogerse al código de 250.000 euros a 300.000. Además, el Gobierno ha decidido eliminar las «cláusulas suelo», que establecen un mínimo a pagar de cuota hipotecaria con independencia de la cotización del euribor, para los beneficiarios del código.
El decreto también recoge la conocida como segunda oportunidad por la que se pretende liberar de todas las deudas pendientes a aquellos particulares que, una vez liquidado todo su patrimonio, no puedan afrontar los pasivos que les queden por finiquitar. La medida se contempla desde Economía como el último recurso para aquellos particulares que, no pudiendo acogerse al Código de Buenas Prácticas, no hayan podido tampoco llegar a un acuerdo con sus acreedores de forma extrajudicial o a través de una propuesta de convenio en el marco de un concurso. Será entonces cuando, una vez que demuestre que ha intentado pagar sus deudas y que con la liquidación de su patrimonio no cubre su pasivo, una persona pueda acogerse a esa medida y se le exoneren las deudas pendientes. Algunas, no obstante, no quedarán perdonadas. Se trata de aquellos créditos públicos –los generados por el proceso de liquidación–, las contraídas con Hacienda y la Seguridad Social y las de alimento –como, por ejemplo, pensiones alimenticias–. Para liquidar estos pagos, el deudor dispondrá de cinco años. No obstante, podrá liberarse de forma definitiva de las mismas si en ese periodo ha realizado un esfuerzo sustancial para su satisfacción.
La exoneración de deudas se podrá revocar en cinco años a solicitud de los acreedores cuando se acredite que el deudor ha ocultado bienes o si hay lo que se conoce como una mejora de su fortuna, entendida ésta como una mejora de su situación económica que le permita pagar a sus acreedores y satisfacer sus necesidades básicas –alimentos, vivienda...–.
Ayudas a las familias numerosas de parados y pensionistas
Las familias monoparentales con, al menos, dos hijos a cargo y los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad serán también beneficiarios del «cheque familia», según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Hasta ahora la ayuda estaba prevista únicamente para trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social.
La medida consiste en un impuesto negativo o «cheque familiar» que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, por lo que las familias que –con la reforma de las condiciones de acceso a las ayudas– tengan derecho a esta dotación, podrán solicitarla a partir de esta fecha, informa Ep.
«Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares acumulables entre sí», explicó la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esta reunión semanal se aprobaron las principales medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate del Estado de la Nación, unas propuestas orientadas a implementar la agenda social del Gobierno.
Hasta ahora la ayuda estaba prevista únicamente para trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social.
La medida consiste en un impuesto negativo o «cheque familiar» que se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, por lo que las familias que –con la reforma de las condiciones de acceso a las ayudas– tengan derecho a esta dotación, podrán solicitarla a partir de esta fecha, informa Ep.
«Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares acumulables entre sí», explicó la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esta reunión semanal se aprobaron las principales medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate del Estado de la Nación, unas propuestas orientadas a implementar la agenda social del Gobierno.
La rebaja de cotizaciones, compatible con otras ayudas
La nueva rebaja de cotizaciones para contratos fijos, que ahorrará hasta un 70% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, será compatible con la tarifa de 300 euros de la Garantía Juvenil para contratar indefinidamente a jóvenes menores de 25 años y con la prestación de 426 euros para parados de larga duración, según precisó ayer el Gobierno. Este recorte de cotizaciones consiste en exonerar a las empresas de pagar cotizaciones durante dos años por los primeros 500 euros del salario de un trabajador al que contraten de manera indefinida. Las empresas de menos de 10 trabajadores se podrán beneficiar durante un año más de una exención calculada sobre 250 euros. En el caso de los contratos indefinidos a tiempo parcial, la cuantía exenta de cotización se reducirá de forma proporcional a la jornada.
El nuevo plan PIVE sustituirá a unos 900.000 vehículos en 2015
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció al término del Consejo de Miniestros que la séptima edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, logrará renovar cerca de 900.000 vehículos.
Asimismo, apuntó que la dotación total será de 175 millones de euros, aunque recordó que podrían ampliarse con el 30 millones sobrantes del plan anterior.
El importe de las ayudas se mantiene sin variación, de forma que el Gobierno aportará 1.000 euros a la compra de un coche nuevo y 1.500 euros en el caso de que sea un vehículo de más de cinco plazas por parte de familias numerosas o para discapacitados.
Asimismo, apuntó que la dotación total será de 175 millones de euros, aunque recordó que podrían ampliarse con el 30 millones sobrantes del plan anterior.
El importe de las ayudas se mantiene sin variación, de forma que el Gobierno aportará 1.000 euros a la compra de un coche nuevo y 1.500 euros en el caso de que sea un vehículo de más de cinco plazas por parte de familias numerosas o para discapacitados.
El proceso de perdón de deudas
- Intento de acuerdo. La exoneración de deudas es el último recurso para aquellas personas que no hayan podido llegar a un acuerdo extrajudicial o en concurso con sus acreedores.
- Liquidación. Llegados a este punto, y si han demostrado buena fe, podrán liquidar su patrimonio y liberarse de todas las deudas si no reúnen lo suficiente para pagar a sus acreedores.
- Créditos pendientes. Quedarán, no obstante, pendientes de pago los créditos públicos, contra la masa y por alimentación. Tendrán cinco años para sufragarlos.
- Revocación. La exoneración se podrá revocar si en los siguientes cinco años el beneficiario mejora su situación económica o se descubre que ha ocultado bienes.
- IRPF .Estarán exentas del IRPF las rentas de quitas y daciones en pago, establecidas en convenio o acuerdo extrajudicial o por la exoneración de deudas.
- Liquidación. Llegados a este punto, y si han demostrado buena fe, podrán liquidar su patrimonio y liberarse de todas las deudas si no reúnen lo suficiente para pagar a sus acreedores.
- Créditos pendientes. Quedarán, no obstante, pendientes de pago los créditos públicos, contra la masa y por alimentación. Tendrán cinco años para sufragarlos.
- Revocación. La exoneración se podrá revocar si en los siguientes cinco años el beneficiario mejora su situación económica o se descubre que ha ocultado bienes.
- IRPF .Estarán exentas del IRPF las rentas de quitas y daciones en pago, establecidas en convenio o acuerdo extrajudicial o por la exoneración de deudas.
