LA JUNTA DE ANDALUCÍA OCULTÓ INFORMACIÓN A LA UNIÓN EUROPEA.
La Junta ocultó información a la Unión Europea para conceder ayudas
Los peritos de la Intervención General del Estado han afirmado hoy ante la juez Mercedes Alaya que la Junta de Andalucía ocultó información a la Comisión Europea en una ayuda de 4,5 millones de euros concedida a la empresa malagueña A Novo Comlink, dedicada a las telecomunicaciones.
Según fuentes judiciales, los peritos han respondido, tras una pregunta de Alaya, que la Junta envió información "incompleta y sesgada" a Europa para hacer ver que la ayuda era de carácter individual para cada trabajador cuando en realidad estaba destinada a una empresa, lo que evitaba tener que devolverlas.
La normativa comunitaria impide que los estados concedan ayudas directas a empresas porque las sitúan en una posición de ventaja respecto a otras compañías, han apuntado las fuentes.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía elaboraron un informe respecto a esta ayuda en el que presentaban alegaciones avalando la ayuda, han añadido las fuentes.
Los peritos han precisado el folio de las actuaciones judiciales de los ERE en el que se recogía esa ayuda a la empresa, ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga.
Las afirmaciones de los peritos se producen en la segunda jornada de ratificación del informe de los peritos en el que criticaban el sistema de concesión de los ERE y que es clave para la acusación contra los imputados.
En el primer día, los peritos dijeron que el Consejo de Gobierno andaluz conocía el fraude que se producía en la concesión de los ERE a través de las transferencias de financiación y apuntaron que el Parlamento andaluz era imposible que lo supiera porque disponían de información "errónea y confusa".
Los peritos han dicho que la ausencia de esta regulación y el uso inadecuado de las ayudas lo conocían, además del Consejo de Gobierno, la Intervención General de la Junta, las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda y el "consejillo" previo a los consejos de Gobierno.
También dijeron que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales es "fraudulento" según la definición de la Real Academia Española de la Lengua: "engañoso, falaz".
En su declaración, han precisado que de las 263 ayudas concedidas por la Junta, sólo 77 eran derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían que ver con ayudas sociolaborales.
Según fuentes judiciales, los peritos han respondido, tras una pregunta de Alaya, que la Junta envió información "incompleta y sesgada" a Europa para hacer ver que la ayuda era de carácter individual para cada trabajador cuando en realidad estaba destinada a una empresa, lo que evitaba tener que devolverlas.
La normativa comunitaria impide que los estados concedan ayudas directas a empresas porque las sitúan en una posición de ventaja respecto a otras compañías, han apuntado las fuentes.
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía elaboraron un informe respecto a esta ayuda en el que presentaban alegaciones avalando la ayuda, han añadido las fuentes.
Los peritos han precisado el folio de las actuaciones judiciales de los ERE en el que se recogía esa ayuda a la empresa, ubicada en el Parque Tecnológico de Málaga.
Las afirmaciones de los peritos se producen en la segunda jornada de ratificación del informe de los peritos en el que criticaban el sistema de concesión de los ERE y que es clave para la acusación contra los imputados.
En el primer día, los peritos dijeron que el Consejo de Gobierno andaluz conocía el fraude que se producía en la concesión de los ERE a través de las transferencias de financiación y apuntaron que el Parlamento andaluz era imposible que lo supiera porque disponían de información "errónea y confusa".
Los peritos han dicho que la ausencia de esta regulación y el uso inadecuado de las ayudas lo conocían, además del Consejo de Gobierno, la Intervención General de la Junta, las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda y el "consejillo" previo a los consejos de Gobierno.
También dijeron que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales es "fraudulento" según la definición de la Real Academia Española de la Lengua: "engañoso, falaz".
En su declaración, han precisado que de las 263 ayudas concedidas por la Junta, sólo 77 eran derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían que ver con ayudas sociolaborales.
