FRAUDE EN CURSOS DE FORMACIÓN EN EXTREMADURA EN LA ETAPA DEL PSOE.
Monago denuncia un fraude en cursos de formación en la etapa del PSOE
El presidente extremeño, José Antonio Monago, durante una comparecencia
El Gobierno de Extremadura denunció ayer un presunto fraude en cursos de formación que, a diferencia de la estafa de los cursos de Andalucía no serían en la formación a parados sino en la de personas ocupadas. Según los datos que maneja la Junta, la cantidad que podría haber sido estafada por parte de la patronal (Creex), CC OO, UGT y Cepes alcanzaría a un total de más de tres millones de euros.
La consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz, destacó ayer en rueda de prensa que la investigación denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción se centra en la convocatoria de 2011, aunque ya han iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores no prescritos.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo está conformada por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el servicio público de empleo estatal. Mediante convenios con las comunidades autónomas, dicha fundación se ocupa de ofrecer apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados además de ser la responsable de valorar y analizar la justificación estos cursos y hacer las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones. Cuando llegó el Ejecutivo de Monago en 2012, no renovó el convenio con dicha fundación para asumir el control de la formación en la región.
Ante lo que estaba ocurriendo en Andalucía, el Gobierno extremeño decidió realizar una auditoría –contratando una empresa externa– con el fin de analizar si dentro del sistema establecido las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban al valor de mercado, un punto en el que detectaron irregularidades y un presunto fraude a gran escala.
Desde la Dirección General del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) se comunicó a la patronal como a los sindicatos que iban a iniciar una investigación sobre la justificación de los cursos de formación para ocupados con el fin de acreditar que los importes que habían facturado respondían a gastos ejecutados y, además, a precios de mercado. Asimismo, se les informa de que analizarían un 10 por ciento de los cursos para ser más exhaustivos –cuando lo normal es investigar un 5 por ciento– y para ello se les dio a conocer cómo justificar dichos gastos.
En septiembre de 2014, la empresa auditoría examinó los expedientes y en octubre se solicita al Sexpe que requiriera más documentación. Finalmente, en diciembre del año pasado la empresa auditora remitió un informe provisional de auditoría que se envió a las empresas beneficiarias para que presentaran las correspondientes alegaciones.
En dicho informe figura que en 2011, bajo el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, se destinaron 7,8 millones de euros para formación de ocupados; la partida más grande fue para formación intersectorial, patronal y sindicatos: un total de 6,8 millones de euros. El 50 por ciento se destinó a Creex, y el otro 50 por ciento aproximadamente se repartió entre CC OO y UGT. Dentro de Creex además existe una subdistribución: la entidad de Badajoz,(Coeba), que se lleva el 50 por ciento de lo recibido por Patronal y Cáceres se reparte el otro 50 por ciento. Cepes extremadura (Confederación Empresarios de Economía Social) recibió 700.000 para formación de economía social y para autónomos. Por tanto, destacan que hay indicios de que CC OO y UGT habría defraudado entre 600.000 y 650.000 euros, del 1,8 millones recibidos. Y Cepes al menos 300.000 euros. Dicha auditoría detectó varias irregularidades.
En algunos casos hay vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas, aunque esto no sería un delito en sí mismo siempre y cuando se hubiera pedido autorización a la Junta antes, que es quien otorga la subvención. Los tres presupuestos que solicitan para contratar el curso son de tres empresas del mismo administrador, es decir, no hay libre competencia. En otro caso, el mismo que se sienta en el consejo de dirección es el dueño de la empresa que da los cursos. Aunque la irregularidad no estaría ahí, sino en que los gastos facturados son superiores al coste real y éste no se ajusta a las condiciones de mercado. A modo de ejemplo, la consejera de Empleo destacó que del 10 por ciento de lo analizado, que supone 313.000 euros del total, la diferencia entre coste real y coste facturado es de 148.000 euros, un 47 por ciento más. Entre los casos concretos detectados subrayó una factura presentada por valor de 69.000 euros; su coste real, el que pueden acreditar, es de 9.600 euros por lo que se llevaron un beneficio del 800 por ciento. En otra factura presentada por valor de 43.900 euros, su coste real era de 30.000.
Otro de los datos curiosos es el de la entidad de Plasencia en la que figura que la misma persona que da la subvención en nombre de la entidad se la da a una empresa de la que es administrador pero, además, con esa empresa se autocontrata a él mismo y a su hermano como profesores. Entre los costes de facturación de las clases destaca el cobro de 7.600 euros por 500 horas de Teleformación y 3.800 euros por 22,5 horas presenciales. Esto supone que cobraba la hora a 172 euros. Pero se han encontrado casos en los que el profesor cobraba por hora 427 euros, 630 e incluso 820 euros. Además, las entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos y en algunos casos había profesores que facturaban acciones distintas en el mismo día y a la misma hora.
La cantidad presuntamente defraudada tanto por Creex como por UGT extremadura y CC OO superaría los 120.000 euros, lo que constituiría un delito contra la Hacienda pública. La consejera de Empleo destacó que, como Administración, reclamarán que se devuelva la cantidad defraudada
La consejera de Empleo, María de los Ángeles Muñoz, destacó ayer en rueda de prensa que la investigación denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción se centra en la convocatoria de 2011, aunque ya han iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores no prescritos.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo está conformada por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y el servicio público de empleo estatal. Mediante convenios con las comunidades autónomas, dicha fundación se ocupa de ofrecer apoyo técnico en las solicitudes e impartición de los cursos de ocupados además de ser la responsable de valorar y analizar la justificación estos cursos y hacer las propuestas de liquidación del pago de las subvenciones. Cuando llegó el Ejecutivo de Monago en 2012, no renovó el convenio con dicha fundación para asumir el control de la formación en la región.
Ante lo que estaba ocurriendo en Andalucía, el Gobierno extremeño decidió realizar una auditoría –contratando una empresa externa– con el fin de analizar si dentro del sistema establecido las facturas pagadas correspondían a gastos reales y se ajustaban al valor de mercado, un punto en el que detectaron irregularidades y un presunto fraude a gran escala.
Desde la Dirección General del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) se comunicó a la patronal como a los sindicatos que iban a iniciar una investigación sobre la justificación de los cursos de formación para ocupados con el fin de acreditar que los importes que habían facturado respondían a gastos ejecutados y, además, a precios de mercado. Asimismo, se les informa de que analizarían un 10 por ciento de los cursos para ser más exhaustivos –cuando lo normal es investigar un 5 por ciento– y para ello se les dio a conocer cómo justificar dichos gastos.
En septiembre de 2014, la empresa auditoría examinó los expedientes y en octubre se solicita al Sexpe que requiriera más documentación. Finalmente, en diciembre del año pasado la empresa auditora remitió un informe provisional de auditoría que se envió a las empresas beneficiarias para que presentaran las correspondientes alegaciones.
En dicho informe figura que en 2011, bajo el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, se destinaron 7,8 millones de euros para formación de ocupados; la partida más grande fue para formación intersectorial, patronal y sindicatos: un total de 6,8 millones de euros. El 50 por ciento se destinó a Creex, y el otro 50 por ciento aproximadamente se repartió entre CC OO y UGT. Dentro de Creex además existe una subdistribución: la entidad de Badajoz,(Coeba), que se lleva el 50 por ciento de lo recibido por Patronal y Cáceres se reparte el otro 50 por ciento. Cepes extremadura (Confederación Empresarios de Economía Social) recibió 700.000 para formación de economía social y para autónomos. Por tanto, destacan que hay indicios de que CC OO y UGT habría defraudado entre 600.000 y 650.000 euros, del 1,8 millones recibidos. Y Cepes al menos 300.000 euros. Dicha auditoría detectó varias irregularidades.
En algunos casos hay vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas, aunque esto no sería un delito en sí mismo siempre y cuando se hubiera pedido autorización a la Junta antes, que es quien otorga la subvención. Los tres presupuestos que solicitan para contratar el curso son de tres empresas del mismo administrador, es decir, no hay libre competencia. En otro caso, el mismo que se sienta en el consejo de dirección es el dueño de la empresa que da los cursos. Aunque la irregularidad no estaría ahí, sino en que los gastos facturados son superiores al coste real y éste no se ajusta a las condiciones de mercado. A modo de ejemplo, la consejera de Empleo destacó que del 10 por ciento de lo analizado, que supone 313.000 euros del total, la diferencia entre coste real y coste facturado es de 148.000 euros, un 47 por ciento más. Entre los casos concretos detectados subrayó una factura presentada por valor de 69.000 euros; su coste real, el que pueden acreditar, es de 9.600 euros por lo que se llevaron un beneficio del 800 por ciento. En otra factura presentada por valor de 43.900 euros, su coste real era de 30.000.
Otro de los datos curiosos es el de la entidad de Plasencia en la que figura que la misma persona que da la subvención en nombre de la entidad se la da a una empresa de la que es administrador pero, además, con esa empresa se autocontrata a él mismo y a su hermano como profesores. Entre los costes de facturación de las clases destaca el cobro de 7.600 euros por 500 horas de Teleformación y 3.800 euros por 22,5 horas presenciales. Esto supone que cobraba la hora a 172 euros. Pero se han encontrado casos en los que el profesor cobraba por hora 427 euros, 630 e incluso 820 euros. Además, las entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos y en algunos casos había profesores que facturaban acciones distintas en el mismo día y a la misma hora.
La cantidad presuntamente defraudada tanto por Creex como por UGT extremadura y CC OO superaría los 120.000 euros, lo que constituiría un delito contra la Hacienda pública. La consejera de Empleo destacó que, como Administración, reclamarán que se devuelva la cantidad defraudada
