EL EX INTERVENTOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA RATIFICARÁ EN EL TRIBUNAL SUPREMO QUE GRIÑAN CONOCÍA LA ILEGALIDAD DE LOS ERE.
El ex interventor ratificará en el TS que Griñán conocía la ilegalidad de los ERE
- Declarará hoy para demostrar que presentó 15 informes con las irregularidades
Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía
Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los ex consejeros de Empleo y Presidencia José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, respectivamente, vinieron a coincidir en sus declaraciones ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro en que no tuvieron conocimiento de ningún informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advirtiese de la posible ilegalidad del sistema utilizado para la asignación de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas sometidas a expedientes de regulación de empleo o subvenciones a empresas en crisis. Hoy, el ex interventor general Manuel Gómez Martínez rebatirá ante el instructor de la causa de los ERE, en lo que afecta a esos cuatro aforados y a la también ex consejera de Presidencia María del Mar Moreno todas esas manifestaciones y reiterará que puso esas irregularidades en conocimiento de los responsables de la Junta, especialmente de los que dirigían la Consejería de Economía y Hacienda. Y no en una ocasión, sino a lo largo de un total de 15 informes.
Con acuse de recibo
En esos 15 informes, entre 2001 y 2009, se advertía del «empleo inadecuado del expediente de gasto de transferencias de financiación», de la «tramitación de subvenciones vulnerando las normas de ejecución de gasto público», de la «concesión de subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de la «generación de obligaciones sin cobertura presupuestaria y vulneración de la Ley de la Hacienda Pública».
Un dato especialmente relevante es que todos los informes de la Intervención se dirigieron con acuse de recibo a la entidad auditada, así como a la Consejería de Empleo, de la que dependía el Instituto de Fomento Andaluz –a través del cual se canalizaban esas ayudas– y a la de Hacienda–cuyo titular fue durante unos años José Antonio Griñán–. Esos informes llegaron a la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, con el mandato expreso de que se los trasladara a Griñán. De hecho, responsables de ambas consejerías llegaron a reconocer que recibieron esos informes, pero que no actuaron porque no eran competentes o entendían que las conclusiones eran meras recomendaciones y no conclusiones.
Otro dato importante hace referencia a la declaración que prestó Manuel Gómez tanto ante la Guardia Civil como ante la jueza Alaya, en calidad de imputado. En la primera de ellas aseguró a los agentes que alertó a Griñán de las irregularidades por la utilización inadecuada de las transferencias de financiación. Posteriormente, en julio de 2013, en su comparecencia ante la magistrada aludía a la existencia de esos 15 informes en los que se alertaba de esas graves irregularidades en el sistema seguido para otorgar esas ayudas y subvenciones y se ponían de manifiesto deficiencias tan graves como que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», o que la fórmula elegida para esos pagos estaba generando graves desfases presupuestarios.
Así, en informe especial de 2003, notificado en 2005, ese desfase presupuestario se elevaba ya a 38 millones de euros, aunque la cifra llegó a 95 millones. Esos elevados desfases prespuestarios, manifestó ante Alaya, era del todo «impensable» que no fueran conocidos por quien era consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, quien sustituyó a Chaves en la presidencia de la Junta.
Un dato especialmente relevante es que todos los informes de la Intervención se dirigieron con acuse de recibo a la entidad auditada, así como a la Consejería de Empleo, de la que dependía el Instituto de Fomento Andaluz –a través del cual se canalizaban esas ayudas– y a la de Hacienda–cuyo titular fue durante unos años José Antonio Griñán–. Esos informes llegaron a la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, con el mandato expreso de que se los trasladara a Griñán. De hecho, responsables de ambas consejerías llegaron a reconocer que recibieron esos informes, pero que no actuaron porque no eran competentes o entendían que las conclusiones eran meras recomendaciones y no conclusiones.
Otro dato importante hace referencia a la declaración que prestó Manuel Gómez tanto ante la Guardia Civil como ante la jueza Alaya, en calidad de imputado. En la primera de ellas aseguró a los agentes que alertó a Griñán de las irregularidades por la utilización inadecuada de las transferencias de financiación. Posteriormente, en julio de 2013, en su comparecencia ante la magistrada aludía a la existencia de esos 15 informes en los que se alertaba de esas graves irregularidades en el sistema seguido para otorgar esas ayudas y subvenciones y se ponían de manifiesto deficiencias tan graves como que la Junta estaba «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», o que la fórmula elegida para esos pagos estaba generando graves desfases presupuestarios.
Así, en informe especial de 2003, notificado en 2005, ese desfase presupuestario se elevaba ya a 38 millones de euros, aunque la cifra llegó a 95 millones. Esos elevados desfases prespuestarios, manifestó ante Alaya, era del todo «impensable» que no fueran conocidos por quien era consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, quien sustituyó a Chaves en la presidencia de la Junta.
