FITCH MANTIENE EL RATING DE ESPAÑA Y REVISA AL ALZA SUS PREVISIONES DE CRECIMIENTO.
Fitch mantiene el rating de España y revisa al alza sus previsiones de crecimiento
- Los analistas creen que Moody’s lo subirá el 19 de junio
Fitch mantuvo ayer el rating de España a largo plazo en «BBB+» con perspectiva estable. La agencia hace menos hincapié en el aspecto político que Moody’s y Standard & Poor’s, que se refirieron a la proximidad de las elecciones autonómicas y locales como un factor de incertidumbre.
Fitch revisa sus previsiones de crecimiento del PIB hasta el 2,5% este año y el 2,3% el próximo, ocho y cuatro décimas más que en su anterior informe. Sobre el paro dice que se reducirá al 21% en 2016. La nota está basada en la seguridad de que España mantendrá la senda de reducción del déficit y la deuda pública después de las elecciones generales y que no habrá crisis constitucional tras la consulta en las urnas. La última vez que Fitch revisó la nota de España fue hace un año, el 25 de abril, cuando elevó la nota en un escalón, desde «BBB» a «BBB+».
Un proceso lento
En octubre del pasado año, Fitch se limitó a confirmar la nota y la perspectiva, aunque revisó al alza sus previsiones de crecimiento económico para este año al contar «con fortalezas estructurales claves». La agencia mantuvo entonces que las administraciones públicas no cumplirían con el objetivo de déficit.
Con esta calificación, Fitch cierra la primera ronda de exámenes de la economía española. La primera de las tres agencias que saltó a la palestra fue Moody’s, el pasado 20 de febrero. En análisis de perspectivas advirtió del riesgo del avance electoral de Podemos, razón más que suficiente para que decidiera mantener el rating de la deuda soberana a largo plazo en «Baa2». La agencia de calificación de solvencia sostuvo en su informe que el panorama político español atravesaba por un periodo de imprevisibilidad, lo que se traduce en un factor de riesgo de cara a las elecciones que se celebrarán a finales de año.
En su análisis de la economía española sostiene que ha entrado en un círculo virtuosos que está permitiendo la creación de empleo a un ritmo del 2,5%, que ahora ha subido hasta rondar el 3%. Además de la irrupción de Podemos, Moody’s señala como factor de riesgo el desigual comportamiento de las comunidades autónomas en la reducción del déficit de las administraciones públicas.
Las dudas electorales
Mes y medio después le tocó el turno a Standard & Poor’s (S&P), que mejoró su proyección de crecimiento del PIB al 2,2% de media anual en el periodo 2015-2017, pero mantuvo inalterados los ratings de España a largo plazo («BBB») y a corto plazo («A-2»). En su análisis, la agencia habla de «una incertidumbre significativa» en la capacidad de «los próximos gobiernos para preservar el sólido historial de reformas que fomentan la competitividad, y el impacto que un posible cambio de política en el futuro podría tener sobre la principal debilidad de España, su tasa de desempleo, la segunda más alta de la Unión Europea».
S&P reconoce que España ha llevado a cabo reformas estructurales desde el año 2010 que han mejorado la competitividad y flexibilidad de su economía, y le han permitido situarse en una posición de fortaleza para beneficiarse de la bajada de los precios del petróleo, la depreciación del euro y el programa de flexibilización monetaria del BCE.
El próximo examen de la economía española será el 19 de junio y lo realizará Moody’s. Para esa fecha y teniendo en cuenta que ya se habrán celebrado las elecciones autonómicas y municipales, y que se conocerá con detalle el PIB del primer trimestre parece probable que la agencia eleve la nota de solvencia de España. En octubre habrá un tercer y último examen de las tres agencias.
Fitch revisa sus previsiones de crecimiento del PIB hasta el 2,5% este año y el 2,3% el próximo, ocho y cuatro décimas más que en su anterior informe. Sobre el paro dice que se reducirá al 21% en 2016. La nota está basada en la seguridad de que España mantendrá la senda de reducción del déficit y la deuda pública después de las elecciones generales y que no habrá crisis constitucional tras la consulta en las urnas. La última vez que Fitch revisó la nota de España fue hace un año, el 25 de abril, cuando elevó la nota en un escalón, desde «BBB» a «BBB+».
Un proceso lento
En octubre del pasado año, Fitch se limitó a confirmar la nota y la perspectiva, aunque revisó al alza sus previsiones de crecimiento económico para este año al contar «con fortalezas estructurales claves». La agencia mantuvo entonces que las administraciones públicas no cumplirían con el objetivo de déficit.
Con esta calificación, Fitch cierra la primera ronda de exámenes de la economía española. La primera de las tres agencias que saltó a la palestra fue Moody’s, el pasado 20 de febrero. En análisis de perspectivas advirtió del riesgo del avance electoral de Podemos, razón más que suficiente para que decidiera mantener el rating de la deuda soberana a largo plazo en «Baa2». La agencia de calificación de solvencia sostuvo en su informe que el panorama político español atravesaba por un periodo de imprevisibilidad, lo que se traduce en un factor de riesgo de cara a las elecciones que se celebrarán a finales de año.
En su análisis de la economía española sostiene que ha entrado en un círculo virtuosos que está permitiendo la creación de empleo a un ritmo del 2,5%, que ahora ha subido hasta rondar el 3%. Además de la irrupción de Podemos, Moody’s señala como factor de riesgo el desigual comportamiento de las comunidades autónomas en la reducción del déficit de las administraciones públicas.
Las dudas electorales
Mes y medio después le tocó el turno a Standard & Poor’s (S&P), que mejoró su proyección de crecimiento del PIB al 2,2% de media anual en el periodo 2015-2017, pero mantuvo inalterados los ratings de España a largo plazo («BBB») y a corto plazo («A-2»). En su análisis, la agencia habla de «una incertidumbre significativa» en la capacidad de «los próximos gobiernos para preservar el sólido historial de reformas que fomentan la competitividad, y el impacto que un posible cambio de política en el futuro podría tener sobre la principal debilidad de España, su tasa de desempleo, la segunda más alta de la Unión Europea».
S&P reconoce que España ha llevado a cabo reformas estructurales desde el año 2010 que han mejorado la competitividad y flexibilidad de su economía, y le han permitido situarse en una posición de fortaleza para beneficiarse de la bajada de los precios del petróleo, la depreciación del euro y el programa de flexibilización monetaria del BCE.
El próximo examen de la economía española será el 19 de junio y lo realizará Moody’s. Para esa fecha y teniendo en cuenta que ya se habrán celebrado las elecciones autonómicas y municipales, y que se conocerá con detalle el PIB del primer trimestre parece probable que la agencia eleve la nota de solvencia de España. En octubre habrá un tercer y último examen de las tres agencias.
La calificación del país
- Todas a una. Las agencias de rating suelen funcionar muy acompasadas. Es raro que los movimientos, en un sentido u otro, realizados por una de ellas no sean seguidos por las otras dos.
- Tres años con la «B». La nota de España reflejada en las complejas calificaciones de las agencias se corresponde con un «aprobado alto», Está tres escalones por encima de la llamada inversión de riesgo.
- La «AAA» voló en 2010. España tuvo durante bastantes años la máxima calificación crediticia. Hasta que la crisis internacional se cebó con la economía. En abril de 2010 S&P. Después le siguieron Fitch y S&P.
- Tres años con la «B». La nota de España reflejada en las complejas calificaciones de las agencias se corresponde con un «aprobado alto», Está tres escalones por encima de la llamada inversión de riesgo.
- La «AAA» voló en 2010. España tuvo durante bastantes años la máxima calificación crediticia. Hasta que la crisis internacional se cebó con la economía. En abril de 2010 S&P. Después le siguieron Fitch y S&P.
Cerco a la deuda de las regiones
El Gobierno considera que el conjunto de las autonomías ha cumplido el objetivo de deuda fijado para 2014 y que sólo Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja han superado el límite que tenían permitido. Según informó ayer el Consejo de Ministros, la deuda de las comunidades alcanzó a finales del pasado año los 236.746 millones de euros, un 22,4% del PIB, lo que supone una décima por debajo del límite establecido. El dato de deuda es determinante para el rating que obtiene un país.