1.300 MILLONES EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN ANDALUCÍA.
La Guardia Civil cifra en 1.300 millones el fraude de los cursos de formación en Andalucía
La Guardia Civil registra la sede de UGT-A en Sevilla.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha cifrado en un informe en 1.298 millones de euros las ayudas para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía entre 2002 y 2014 sin que se hayan justificado esas cantidades.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, ha sido entregado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, cuya titular, juez Mercedes Alaya, investiga la causa de los cursos de formación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en la modalidad de fraude de subvenciones.
En julio de 2014, y tras las declaraciones del ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, Alaya cifró en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar, cifra que ahora aumenta la Guardia Civil tras analizar de forma pormenorizada todos los expedientes que les ha remitido la Junta hasta el 25 de julio de 2014.
Las exoneraciones o exceptuaciones individuales permiten a las entidades concurrir a una nueva convocatoria de ayudas o abonar parte de la subvención ya concedida sin tener justificados los expedientes previos.
El informe policial destaca que la "tendencia alcista" de las cantidades a justificar se acentúa en el intervalo entre 2007 y 2012 y disminuye de forma considerable a partir de entonces.
En este sentido, de los 1.298 millones pendientes de justificar, la cota máxima se alcanzó en 2010 con 347 millones y en 2011 con 339 millones.
En 2007, las cantidades pendientes de justificar fueron 110 millones, en 2008 subió a 203 millones y al año siguiente bajó a 121 millones, precisa el informe de la Guardia Civil.
Respecto al órgano gestor que emite las cantidades pendientes de justificar, Málaga, Sevilla y las subvenciones con el código "servicios centrales" son las que mayor cuantía presentan, con 68 millones en la provincia malagueña, casi 67 en la de Sevilla y 546 millones en los servicios centrales.
Además, hay un apartado de cantidades que no se asocian a ningún órgano gestor, incluidas en el apartado "sin consignar", que suma 424 millones de euros, señala la Guardia Civil, que para elaborar su trabajo ha utilizado cinco resoluciones de exceptuación desde 2009, una de ella relativa a consorcios para la formación.
La Guardia Civil apunta que las "resoluciones de exceptuación" se dictaron por parte del político que ocupaba la Consejería de Empleo, que a su vez era el responsable del Servicio Andaluz de Empleo.
Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la juez, que criticó el hecho de que no se reclamara su reintegro hasta pasar las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación.
La Junta de Andalucía ha reclamado el reintegro de 161,1 millones euros relativos a 139 expedientes de reintegro iniciados desde que se destapó el fraude de los cursos de formación, según los datos actualizados hasta noviembre de 2014.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, ha sido entregado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, cuya titular, juez Mercedes Alaya, investiga la causa de los cursos de formación por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública en la modalidad de fraude de subvenciones.
En julio de 2014, y tras las declaraciones del ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, Alaya cifró en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar, cifra que ahora aumenta la Guardia Civil tras analizar de forma pormenorizada todos los expedientes que les ha remitido la Junta hasta el 25 de julio de 2014.
Las exoneraciones o exceptuaciones individuales permiten a las entidades concurrir a una nueva convocatoria de ayudas o abonar parte de la subvención ya concedida sin tener justificados los expedientes previos.
El informe policial destaca que la "tendencia alcista" de las cantidades a justificar se acentúa en el intervalo entre 2007 y 2012 y disminuye de forma considerable a partir de entonces.
En este sentido, de los 1.298 millones pendientes de justificar, la cota máxima se alcanzó en 2010 con 347 millones y en 2011 con 339 millones.
En 2007, las cantidades pendientes de justificar fueron 110 millones, en 2008 subió a 203 millones y al año siguiente bajó a 121 millones, precisa el informe de la Guardia Civil.
Respecto al órgano gestor que emite las cantidades pendientes de justificar, Málaga, Sevilla y las subvenciones con el código "servicios centrales" son las que mayor cuantía presentan, con 68 millones en la provincia malagueña, casi 67 en la de Sevilla y 546 millones en los servicios centrales.
Además, hay un apartado de cantidades que no se asocian a ningún órgano gestor, incluidas en el apartado "sin consignar", que suma 424 millones de euros, señala la Guardia Civil, que para elaborar su trabajo ha utilizado cinco resoluciones de exceptuación desde 2009, una de ella relativa a consorcios para la formación.
La Guardia Civil apunta que las "resoluciones de exceptuación" se dictaron por parte del político que ocupaba la Consejería de Empleo, que a su vez era el responsable del Servicio Andaluz de Empleo.
Las exoneraciones favorecieron a beneficiarios repartidos por toda Andalucía, según la juez, que criticó el hecho de que no se reclamara su reintegro hasta pasar las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación.
La Junta de Andalucía ha reclamado el reintegro de 161,1 millones euros relativos a 139 expedientes de reintegro iniciados desde que se destapó el fraude de los cursos de formación, según los datos actualizados hasta noviembre de 2014.
