FIN DE LA "PATOCHADA" DEL PSOE CONTRA EL MINISTRO FERNÁNDEZ DÍAZ.
La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra Fernández Díaz por reunirse con Rato
- Concluye que no se desprenden indicios de los delitos de prevaricación ni omisión del deber de perseguirlos
El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su comparecencia en el Congreso para explicar la reunión que mantuvo con el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato
Varapalo jurídico en toda regla el que ha infligido la Fiscalía del Tribunal Supremo al PSOE por la denuncia que interpuso contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el pasado jueves por la reunión que mantuvo con Rodrigo Rato el pasado 29 de julio. El Ministerio Público concluye que de ese encuentro, del que Fernández Díaz dio explicaciones apenas 24 horas después de la interposición de la denuncia, no se desprenden los más mínimos indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos ni revelación de secretos, que eran los que imputaban los socialistas.
La Fiscalía del Supremo, competente para investigar las denuncias contra los aforados, concluye que la presentada por el portavoz del PSOE en la Fiscalía General del Estado tiene un «carácter prospectivo y ausencia de soporte fáctico», según consta en el dictamen emitido por fiscal de Sala Fidel Cadena. Es decir, tal como señalaron a este periódico fuentes de la propia Fiscalía «más que aportar hechos objetivos que puedan constituir indicios de delito, lo que se hace es indicar que se podrían producir en el futuro de darse determinadas condiciones». Es decir, se entiende que la denuncia lo que relata no dejan de ser «elucubraciones del denunciante sobre los hechos que puedan ocurrir en un futuro», en este caso, de la reunión del titular de Interior con Rodrigo Rato, pero sin aportar pruebas que lo fundamenten. Son, en definitiva, «meras hipótesis del denunciante, y eso es algo que no se puede aceptar por la Fiscalía para investigar una denuncia».
Sobre esta decisión, el portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Emilio Frías, expresó, en declaraciones a este diario, su máximo respeto por la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, «que siempre actúa conforme a Derecho y a la libre interpretación jurídica». En todo caso, las denuncias deben ir siempre «suficientemente fundamentada para que puedan prosperar, pero que no se instrumentalicen para el juego político».
De esta forma, la Fiscalía da carpetazo en seco a la denuncia del PSOE contra Fernández Díaz por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Los socialistas entendían que pese a existir esos indicios «no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público».
Para los socialistas, el comunicado que emitió el Ministerio donde informaba que la citada reunión se produjo a instancias de Rato y para tratar un tema «exclusivamente personal» y «completamente al margen de la situación procesal», es «falso en prácticamente todos sus extremos».
El ministro del Interior explicó en el Congreso de los Diputados que en ese encuentro se abordaron exclusivamente temas relacionados con la seguridad personal de Rato, que cuenta con ella como los demás ex vicepresidentes de Gobierno, y de su entorno, tras haber recibido amenazas.
En todo caso, el PSOE admitía en su denuncia que no tenía datos de que el ministro hubiese realizado algún tipo de «gestión o iniciativa» en relación con Rato y los procesales judiciales en los que está inmerso. «Es algo que tendrá que determinase a lo largo de la instrucción realizada a tal efecto, pues ésa es la cuestión que, precisamente, determinará la existencia o no de responsabilidad penal». Es decir, los socialistas no disponían de una prueba mínima de que Fernández Díaz haya realizado alguna «gestión» en favor del ex ministro de Economía y ex presidente del FMI, pese a lo cual consideraban que ha podido incurrir en el citado delito de prevaricación. Y es que, en relación con el mencionado delito, el PSOE no señala ninguna resolución que haya podido dictar el ministro que pueda considerarse prevaricadora. Esto mismo es lo que ha venido a concluir la Fiscalía del Tribunal Supremo: el PSOE no aportó ni una sola prueba de que de la mencionada reunión entre Fernández Díaz y Rato se haya desprendido el más mínimo indicio de ningún delito.
La Fiscalía del Supremo, competente para investigar las denuncias contra los aforados, concluye que la presentada por el portavoz del PSOE en la Fiscalía General del Estado tiene un «carácter prospectivo y ausencia de soporte fáctico», según consta en el dictamen emitido por fiscal de Sala Fidel Cadena. Es decir, tal como señalaron a este periódico fuentes de la propia Fiscalía «más que aportar hechos objetivos que puedan constituir indicios de delito, lo que se hace es indicar que se podrían producir en el futuro de darse determinadas condiciones». Es decir, se entiende que la denuncia lo que relata no dejan de ser «elucubraciones del denunciante sobre los hechos que puedan ocurrir en un futuro», en este caso, de la reunión del titular de Interior con Rodrigo Rato, pero sin aportar pruebas que lo fundamenten. Son, en definitiva, «meras hipótesis del denunciante, y eso es algo que no se puede aceptar por la Fiscalía para investigar una denuncia».
Sobre esta decisión, el portavoz de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Emilio Frías, expresó, en declaraciones a este diario, su máximo respeto por la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, «que siempre actúa conforme a Derecho y a la libre interpretación jurídica». En todo caso, las denuncias deben ir siempre «suficientemente fundamentada para que puedan prosperar, pero que no se instrumentalicen para el juego político».
De esta forma, la Fiscalía da carpetazo en seco a la denuncia del PSOE contra Fernández Díaz por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Los socialistas entendían que pese a existir esos indicios «no consta que el Ministerio Fiscal haya iniciado ningún tipo de acción en defensa de la legalidad y del interés público».
Para los socialistas, el comunicado que emitió el Ministerio donde informaba que la citada reunión se produjo a instancias de Rato y para tratar un tema «exclusivamente personal» y «completamente al margen de la situación procesal», es «falso en prácticamente todos sus extremos».
El ministro del Interior explicó en el Congreso de los Diputados que en ese encuentro se abordaron exclusivamente temas relacionados con la seguridad personal de Rato, que cuenta con ella como los demás ex vicepresidentes de Gobierno, y de su entorno, tras haber recibido amenazas.
En todo caso, el PSOE admitía en su denuncia que no tenía datos de que el ministro hubiese realizado algún tipo de «gestión o iniciativa» en relación con Rato y los procesales judiciales en los que está inmerso. «Es algo que tendrá que determinase a lo largo de la instrucción realizada a tal efecto, pues ésa es la cuestión que, precisamente, determinará la existencia o no de responsabilidad penal». Es decir, los socialistas no disponían de una prueba mínima de que Fernández Díaz haya realizado alguna «gestión» en favor del ex ministro de Economía y ex presidente del FMI, pese a lo cual consideraban que ha podido incurrir en el citado delito de prevaricación. Y es que, en relación con el mencionado delito, el PSOE no señala ninguna resolución que haya podido dictar el ministro que pueda considerarse prevaricadora. Esto mismo es lo que ha venido a concluir la Fiscalía del Tribunal Supremo: el PSOE no aportó ni una sola prueba de que de la mencionada reunión entre Fernández Díaz y Rato se haya desprendido el más mínimo indicio de ningún delito.
