ESTA ES LA JUSTICIA QUE LE GUSTA AL PSOE
Las causas abiertas de la formación que la Junta no quiere ver
Pero, por un lado, va el discurso oficial y exculpatorio y, por otro, la realidad de lo que ocurre en los juzgados. Lo cierto es que, pese a los recientes archivos, todavía quedan algo más de medio centenar de causas relacionadas con los desmanes cometidos con las ayudas para los cursos que están repartidas entre una veintena de jueces de Sevilla, Granada, Almería, Huelva, Málaga y Jaén, según los datos facilitados a este diario por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los jueces siguen investigando los polémicos desvíos de ayudas para cursos destapados por EL MUNDO, que terminaron costeando una cabalgata de Reyes Magos en el municipio onubense de Almonte o la compra de jamones en los consorcios públicos controlados por la Junta. El ex número 2 del PSOE-A Rafael Velasco y el ex consejero del Gobierno andaluz Ángel Ojeda siguen también bajo la lupa judicial.
Son las causas vivas del escándalo de los cursos de formación que la Junta parece que no quiere ver.
Rafael Velasco dimitió como diputado en el Parlamento de Andalucía y como vicesecretario general del PSOE-A en octubre de 2010, después de que este diario publicara que la academia Aulacen Cinco SL regentada por su esposa Antonia Montilla había recibido ayudas de la Junta para cursos por valor de 730.000 euros en cuatro años. Además, la esposa llegó a cargar la luz del domicilio familiar a un curso que la Junta le concedió.
Ángel Ojeda Avilés, ex consejero en el Gobierno de Rodríguez de la Borbolla reconvertido con el tiempo en empresario boyante, es uno de los principales imputados en el presunto fraude de la formación. La Policía Nacional lo acusa de haber recibido de forma irregular ayudas de la Junta por un montante superior a los 50 millones a través de un complejo entramado empresarial.
La juez Alaya imputó a Ojeda por lograr en 16 meses ayudas por 33,3 millones para formar a los ex trabajadores de la multinacional Delphi «gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos».
Además de las causas vivas en Sevilla, también hay investigaciones en otras capitales andaluzas. En Almería, el caso se repartió entre doce jueces distintos. En Granada, el presunto fraude de la formación ha recaído en el Juzgado de Instrucción 1, que ha emitido tres autos de archivo, si bien sigue investigando a varias empresas.
El Juzgado de Instrucción 5 de Huelva sobreseyó la causa respecto a 19 sociedades, pero a la vez abrió diez piezas separadas para seguir contra diez empresas, entre las que está El Paraíso de la Dehesa, del ex alcalde socialista de Punta Umbría Gonzalo Rodríguez Nevado.
El titular de este juzgado ha emitido durísimos autos contra ex altos cargos y trabajadores de la Junta. «Existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación», dice un auto del pasado julio.
Este juez alerta de que la Junta repartió el dinero de los cursos con «despreocupación total y absoluta, dando la sensación de que, una vez entregado el dinero público, daba igual a qué se destinaba».
En Málaga, el Juzgado de Instrucción 8, donde se centró inicialmente toda la investigación de la operación Edu, ha archivado cuatro causas de las 26 en las que dividió el caso. La Fiscalía pidió el pasado junio el archivo de otras 18.
El Juzgado de Instrucción 4 de Jaén ha sobreseído la pieza política de los cursos y otras once más sobre diferentes sociedades beneficiarias de ayudas. No obstante, todavía hay 14 causas abiertas. En total, más de medio centenar de casos que la Junta parece no querer ver.
