A LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON UN 37% DE PARO, LE SOBRA EL DINERO.
La Junta gastará 4,8 millones en premios de jubilación para funcionarios
Personal de administración general y de justicia son los principales beneficiarios de esta gratificación. Otros sectores como educación y sanidad piden una equiparación de derechos retributivos
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en el Parlamento andaluz
El premio de jubilación, que es una gratificación extra que corresponde a funcionarios de la Junta de Andalucía –fundamentalmente administración general y justicia– supondrá para las arcas públicas un desembolso de 4,8 millones de euros para 2017, según queda recogido en el capítulo de personal de las distintas consejerías. Este incentivo no está a salvo de críticas, ya que ni los docentes ni el personal sanitario tienen reconocido este derecho y reclaman una equiparación.
Los premios de jubilación suponen una mejora salarial acordada de manera sectorial entre los sindicatos y la Administración autonómica. La gratificación ronda los 150 euros por año trabajado y se recibe una vez que se produce el cese de actividad a los 65 años. En el caso del personal de administración general de la Junta de Andalucía, el complemento lo pactaron en octubre de 2003 los sindicatos CC OO, CSIF, UGT y USTEA, y la entonces consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín. Lo ratificó el Consejo de Gobierno en noviembre de ese año. El premio de jubilación formaba parte de un catálogo más amplio para «mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de administración de la Junta», que también abordaba otras medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
La misma cantidad rige para el personal de justicia, que se incorporó dos años más tarde a esta medida y que se ancla en el acuerdo marco entre la administración y los sindicatos CC OO y UGT. En este caso la rúbrica se produjo en julio de 2005. La medida la impulsó la entonces consejera de Justicia y Administración Pública María José López. El acuerdo se aplica a todo «el personal funcionario e interino al servicio de la administración de justicia en la comunidad». Recoge «un premio de jubilación consistente en 150 euros por año de servicio». El aumento ha sido mínimo. Pasó a 156,22 euros en 2011 y desde entonces se mantiene en la misma cantidad, según señalan a este periódico desde la Consejería de Justicia e Interior. Un empleado con 35 años en la Administración, que es el umbral marcado para recibir la jubilación máxima, recibiría por tanto 5.467,7 euros.
Este complemento fue objeto de controversia cuando llegó la crisis económica. Ayuntamientos como el de Sevilla decidieron reformularlo. Y la Junta lo eliminó inicialmente en su programa de reequilibrio económico financiero de 2012, el plan de choque que entrañó medidas drásticas como el recorte de las pagas extras para los funcionarios. La Consejería de Hacienda suspendió en un decreto inicial la convocatoria de cualquier ayuda derivada del concepto de acción social o de cualquier prestación similar, entre las que incluyó «los premios de jubilación voluntaria o por cumplimiento de la edad reglamentaria». Posteriormente, tras una contestación por parte de los sindicatos, circunscribió el recorte solo a «la convocatoria de las ayudas que se deriven del concepto de acción social». Lo que sí limitaba la Junta en el decreto 3/2012 para el reequilibrio económico financiero eran las aportaciones «a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos de cualquier naturaleza que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación». La Junta, por tanto, siguió consignando en los presupuestos, como hasta entonces las partidas para los premios de jubilación y abonándolas.
El presidente del sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, asegura a este periódico que lo deseable es que exista una equiparación de derechos. Hay que recordar que los profesores de la concertada reciben una Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa (Peae), según recoge el VI convenio del sector. «Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa tendrán derecho a una única paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido».
Los profesores andaluces de la educación pública reciben cuando se jubilan una gratificación equivalente a dos mensualidades, pero este desembolso no corre por cuenta de la Junta de Andalucía sino de Muface, el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Lo que sí existió en el tránsito de la Logse a la LOE, la anterior Ley de Educación, fue un incentivo para que los profesores que reunieran los requisitos de cotización pudieran jubilarse de manera anticipada.
Antonio Rico, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), también pide una equiparación de derechos de los empleados públicos, al igual que el sindicato de enfermería Satse, según señalan a este periódico. No obstante, Satse prioriza la restitución de otras prestaciones que quedaron recortadas con la crisis.
La consejería que consigna más presupuesto para los premios de jubilación es la de Sanidad (669.968 euros), aunque sólo lo recibe el personal administrativo, seguida de Justicia e Interior (525.313 euros), Medio Ambiente (430.000), Igualdad y Servicios Sociales (375.550) y Turismo (326.130). El Parlamento también consigna 247.345 euros, mientras que la Cámara de Cuentas dispone 108.183 y agencias como la de Agricultura (Agapa) 106.000 euros.
Los premios de jubilación suponen una mejora salarial acordada de manera sectorial entre los sindicatos y la Administración autonómica. La gratificación ronda los 150 euros por año trabajado y se recibe una vez que se produce el cese de actividad a los 65 años. En el caso del personal de administración general de la Junta de Andalucía, el complemento lo pactaron en octubre de 2003 los sindicatos CC OO, CSIF, UGT y USTEA, y la entonces consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín. Lo ratificó el Consejo de Gobierno en noviembre de ese año. El premio de jubilación formaba parte de un catálogo más amplio para «mejora de las condiciones laborales de los funcionarios de administración de la Junta», que también abordaba otras medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
La misma cantidad rige para el personal de justicia, que se incorporó dos años más tarde a esta medida y que se ancla en el acuerdo marco entre la administración y los sindicatos CC OO y UGT. En este caso la rúbrica se produjo en julio de 2005. La medida la impulsó la entonces consejera de Justicia y Administración Pública María José López. El acuerdo se aplica a todo «el personal funcionario e interino al servicio de la administración de justicia en la comunidad». Recoge «un premio de jubilación consistente en 150 euros por año de servicio». El aumento ha sido mínimo. Pasó a 156,22 euros en 2011 y desde entonces se mantiene en la misma cantidad, según señalan a este periódico desde la Consejería de Justicia e Interior. Un empleado con 35 años en la Administración, que es el umbral marcado para recibir la jubilación máxima, recibiría por tanto 5.467,7 euros.
Este complemento fue objeto de controversia cuando llegó la crisis económica. Ayuntamientos como el de Sevilla decidieron reformularlo. Y la Junta lo eliminó inicialmente en su programa de reequilibrio económico financiero de 2012, el plan de choque que entrañó medidas drásticas como el recorte de las pagas extras para los funcionarios. La Consejería de Hacienda suspendió en un decreto inicial la convocatoria de cualquier ayuda derivada del concepto de acción social o de cualquier prestación similar, entre las que incluyó «los premios de jubilación voluntaria o por cumplimiento de la edad reglamentaria». Posteriormente, tras una contestación por parte de los sindicatos, circunscribió el recorte solo a «la convocatoria de las ayudas que se deriven del concepto de acción social». Lo que sí limitaba la Junta en el decreto 3/2012 para el reequilibrio económico financiero eran las aportaciones «a planes de pensiones de empleo o contratos de seguros colectivos de cualquier naturaleza que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación». La Junta, por tanto, siguió consignando en los presupuestos, como hasta entonces las partidas para los premios de jubilación y abonándolas.
El presidente del sector de Educación de CSIF-A, Francisco Hidalgo, asegura a este periódico que lo deseable es que exista una equiparación de derechos. Hay que recordar que los profesores de la concertada reciben una Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa (Peae), según recoge el VI convenio del sector. «Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa tendrán derecho a una única paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido».
Los profesores andaluces de la educación pública reciben cuando se jubilan una gratificación equivalente a dos mensualidades, pero este desembolso no corre por cuenta de la Junta de Andalucía sino de Muface, el régimen especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Lo que sí existió en el tránsito de la Logse a la LOE, la anterior Ley de Educación, fue un incentivo para que los profesores que reunieran los requisitos de cotización pudieran jubilarse de manera anticipada.
Antonio Rico, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), también pide una equiparación de derechos de los empleados públicos, al igual que el sindicato de enfermería Satse, según señalan a este periódico. No obstante, Satse prioriza la restitución de otras prestaciones que quedaron recortadas con la crisis.
La consejería que consigna más presupuesto para los premios de jubilación es la de Sanidad (669.968 euros), aunque sólo lo recibe el personal administrativo, seguida de Justicia e Interior (525.313 euros), Medio Ambiente (430.000), Igualdad y Servicios Sociales (375.550) y Turismo (326.130). El Parlamento también consigna 247.345 euros, mientras que la Cámara de Cuentas dispone 108.183 y agencias como la de Agricultura (Agapa) 106.000 euros.
